Rocha es víctima de persecución política.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha pronunciado firmemente en relación con las graves acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que implican al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios estatales en presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa. Durante una conferencia de prensa el 30 de abril de 2026, Sheinbaum argumentó que, en ausencia de pruebas concretas, queda claro que estas imputaciones tienen un trasfondo político.

La mandataria pidió cautela y sugirió esperar los resultados de la investigación que podría llevar a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las afirmaciones realizadas por la DEA. Además, enfatizó que las extradiciones solicitadas por el Gobierno de Trump dependerían del resultado de esta indagación: “Bajo ningún motivo vamos a permitir la injerencia de un gobierno extranjero”, manifestó.

Sheinbaum ha respondido a la crisis diplomática y política en curso con un enfoque sereno, a pesar de la gravedad de los cargos que han puesto a prueba las relaciones con el vecino del norte. El fiscal federal de Nueva York, Jay Clayton, ha señalado a funcionarios de la entidad por conspirar con líderes narcotraficantes, presuntamente a cambio de sobornos y protección. Esta situación no solo añade presión política sobre el gobierno de Sheinbaum, sino que también da munición a sus opositores y resalta las tensiones en torno a su discurso anticorrupción.

Frente a esta situación, la presidenta subrayó la falta de evidencia sólida presentada por Washington, cuestionando la veracidad de los testimonios que sustentan las acusaciones. “Hasta hoy, solo hay unos escritos de lo que dicen unos testigos que no sabemos quiénes son”, destacó mientras presentaba fotografías que exhiben documentos manuscritos con registros de pagos que complican la narrativa del caso.

En respuesta a las acusaciones, Sheinbaum aseguró que la FGR procederá de manera diligente y examinará todos los documentos y evidencias que Estados Unidos haya compartido. Hizo hincapié en que, si estas pruebas son consistentes y válidas según la legislación mexicana, se actuará conforme a derecho: “Si encontramos elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a nuestra jurisdicción”.

De este modo, el gobierno mexicano se enfrenta a un momento crítico que podría redefinir su estrategia ante el narcotráfico y las relaciones internacionales, un tema ferroviario que está en el centro de la actual agenda política. Con el telón de fondo de estas acusaciones, el país observa con atención cómo se desarrollarán los próximos eventos en este escenario embrollado.

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