El conflicto armado de más de medio siglo que tanto le ha costado dejar atrás a Colombia. Se recrudeció en varias regiones durante las protestas contra el Gobierno de Iván Duque. Que amainan después de dos meses. El llamado paro nacional y el tratamiento dado a la protesta social ha generado riesgos que afectan las labores de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Y de todo el sistema de justicia transicional. Surgido del acuerdo de paz sellado hace más de cuatro años con la extinta guerrilla de las FARC. Ha advertido el tribunal encargado de juzgar los crímenes más graves de la guerra.
A pesar del desarme hace ya más de cuatro años de la que fue la guerrilla más poderosa de América. Hoy convertida en el partido político Comunes, el informe enciende las alarmas sobre la reaparición de fenómenos de violencia que se creían superados. Entre el 28 de abril, el día en que se iniciaron las protestas contra el Gobierno, y el pasado 30 de mayo aumentaron los eventos relacionados con el conflicto armado y las afectaciones de civiles en 111 municipios de interés para el rebautizado Sistema Integral para la Paz, que incluye a la JEP, a la Comisión de la Verdad que este año debe entregar su informe final y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
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“En 2021 se tiene en total un registro de 13 eventos del conflicto y 89 afectaciones de civiles. De este último se tiene un aumento mayor al 400% pues en promedio se presentaron 18 afectaciones de civiles en años anteriores. Esto se evidencia en el incremento de las amenazas de muerte, homicidios a excombatientes de las FARC-EP y eventos masivos de desplazamiento forzado”. Alerta el más reciente informe de monitoreo de riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.
En el marco de las manifestaciones, hasta 16 eventos han afectado a organizaciones sociales que intervienen ante las entidades del Sistema Integral para la Paz, como el Consejo Regional Indígena del Cauca, entre otras, principalmente en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, sobre el andén del Pacífico, donde la situación ha estado más descontrolada. Ese incremento en los riesgos de seguridad puede terminar por obstruir la participación efectiva de esas organizaciones en el Sistema Integral para la Paz –hasta ahora conocido como Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición–.
El informe también alerta sobre un fenómeno que ha causado preocupación en medio del estallido social. Prácticas de autodefensa y paramilitarismo que se creían erradicadas con el propósito de atemorizar a los manifestantes.
Los paramilitares, que el Estado en gran medida logró desmovilizar entre 2003 y 2005, han sido responsables en el pasado de crímenes atroces como genocidio, desaparición forzada, tortura o violencia sexual. “Que haya señales de reactivación de grupos que legitiman discursos y acciones de tipo paramilitar es preocupante porque evidencia retrocesos del Estado en materia de recuperación del monopolio en el uso legítimo de la violencia”, apuntan las consideraciones finales del documento.
A pesar del acuerdo de paz con las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La población civil sufre los embates de otros grupos armados y en varias regiones persisten fenómenos como los desplazamientos de comunidades. Las desapariciones o el reclutamiento de menores.
