Ocho meses de incertidumbre por Pablo Gómez

Alejandrina Romano aguarda con ansiedad la entrega de los restos de su hijo, Pablo Joaquín Gómez Orozco, quien sufrió una desaparición forzada tras salir de casa en marzo de 2023, en Nayarit. A sus 17 años, el joven nunca regresó. En noviembre, la Fiscalía General de la República (FGR), tras asumir el caso a petición de su madre, intentó hacerle entrega de los restos, pero resultó que algunos no pertenecían a Pablo, lo que ha generado una incertidumbre desgarradora.

El Comité de Desaparición Forzada de la ONU suscitó su caso y emitió medidas urgentes al Estado mexicano. Sin embargo, después de casi ocho meses de espera y en medio de un proceso colmado de omisiones, Alejandrina clama: “Los restos de mi hijo están localizados desde 2023 y aún así me hacen esperar más”.

Preocupaciones sobre el manejo de los restos persisten. Romano asegura que la FGR no tiene claridad sobre la cantidad de cuerpos involucrados, lo que ha llevado a inconsistencias en las identificaciones. En la primera entrega de restos, la mandíbula no coincidía con el cráneo, y recientemente la fiscalía de Jalisco admitió que tenía los restos de Pablo desde el 14 de abril de 2023, un mes después de su desaparición.

A lo largo de este angustioso proceso, Alejandrina ha contactado a varias fiscalías en su búsqueda por la verdad. El clima de desconfianza con la fiscalía de Jalisco ha sido palpable, ya que durante más de dos años negaron tener a su hijo en sus registros. A pesar de que ahora se reconoce que los restos están en su poder, la calidad de la información provista ha sido deficiente y confusa.

En un documento enviado al CED, Romano expone graves deficiencias en la identificación de los restos. Asegura que se han entregado fragmentos mezclados y que las acciones de la FGR han sido hostiles y revictimizantes. El Estado ha respondido comprometido a realizar nuevas pruebas con personal especializado y a ofrecer medidas de protección para Alejandrina.

Mientras la incertidumbre sobre la identidad de los restos crece, Romano sigue indagando sobre el contexto de la desaparición de su hijo. Su situación se enmarca en un panorama alarmante de desapariciones forzadas en México, donde, según su testimonio, la delincuencia organizada actúa con la complicidad del Estado. Pablo, al buscar trabajo, se vio atrapado en una red de reclutamiento que la madre considera conocida por las autoridades.

Unos días después de su desaparición, Pablo logró enviar un mensaje a su madre desde una cuenta de Facebook desconocida, clamando: “Ma, ayúdame, el Cartel Jalisco es el que me tiene aquí”. Desde entonces, Alejandrina no ha cesado en su lucha por visibilizar su caso, tocando puertas en múltiples fiscalías y denunciando la falta de claridad en el proceso.

En un momento de gran angustia, Alejandrina pudo ver, a través de un informe televisivo, los zapatos de su hijo entre objetos hallados en un rancho involucrado en actividades criminales. Su historia se ha convertido en un símbolo de las profundas problemáticas de desapariciones forzadas que aquejan a la sociedad mexicana.

Este relato de dolor y búsqueda de justicia nos recuerda la urgencia de abordar con seriedad la crisis de desapariciones y la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad en garantizar la seguridad y el trato digno a sus ciudadanos, especialmente a quienes viven situaciones de emergencia como la de Alejandrina. La lucha de Romano es testimonio de una realidad que no puede seguir ignorándose, una crisis que demanda respuestas y acciones concretas.

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