En medio de la creciente digitalización de los servicios financieros y la entrada de nuevos actores tecnológicos en el sector, México se enfrenta a desafíos persistentes en inclusión financiera, especialmente en comunidades rurales. Ante esta realidad, vuelve a surgir el debate sobre cómo ofrecer productos financieros seguros y accesibles a estas poblaciones.
Recientemente, el Senado de la República ha promovido una iniciativa para establecer un sistema financiero comunitario que facilite la canalización de remesas hacia el ahorro local, amplíe el crédito agrícola y brinde protección financiera a quienes han sido históricamente excluidos del sistema formal. Esta propuesta, liderada por el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, aborda la creación de sociedades financieras comunitarias (sofincos), creadas en 2009 para operar en comunidades rurales a través de esquemas de ahorro y crédito entre socios. Sin embargo, se sostiene que estas entidades han permanecido atrapadas en regulaciones diseñadas para financieras populares, lo que ha limitado su potencial.
La iniciativa fue discutida en el foro “Consulta sobre el Derecho a la Organización de Comunidades Rurales e Indígenas”, donde representantes de sofincos, organizaciones campesinas y especialistas defendieron el establecimiento de un sistema financiero rural que incluya acceso a SPEI, fondos de protección al ahorro y esquemas de garantía para pequeños productores. Isabel Cruz Hernández, directora general de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, subrayó que el sistema financiero mexicano no ha avanzado, siendo excluyente para los pequeños productores y la diversidad étnica y cultural.
En la actualidad, el conjunto de las sofincos opera en 13 estados, 183 municipios y 885 localidades rurales, atendiendo a más de 86,000 socios a través de 63 sucursales. Estas organizaciones reportan activos superiores a 806 millones de pesos y una cartera cercana a 588 millones de pesos. Sin embargo, un de sus principales retos es la “trampa regulatoria”, caracterizada por exigencias que no se ajustan a las realidades económicas de las pequeñas comunidades rurales.
El acceso al financiamiento rural es limitado, con solo un 6.3% de los productores rurales teniendo acceso a crédito formal. A su vez, muchos dependen de remesas y financiamiento informal, lo que restringe su capacidad de inversión y producción. La creciente necesidad de sofincos responde a este vacío histórico de financiamiento en el campo, donde pequeños productores enfrentan barreras significativas para acceder a crédito formal.
Las experiencias compartidas en el foro evidencian el impacto positivo del financiamiento agrícola y las iniciativas de ahorro comunitario en estados como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Morelos y Guerrero. Un ejemplo revelador es el de SMB Agrícola Biocafé, que ha trabajado con pequeñas comunidades productoras de café y maíz en regiones donde la banca tradicional no opera, afirmando que “nosotros prestamos donde nadie más presta”.
La propuesta legislativa contempla la creación de un régimen propio para las sofincos, separándolas de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, y reconociéndolas como organizaciones de economía social. Se prevén organismos de integración financiera rural, así como fondos de protección al ahorro y acceso a medios de pago. Manuel Castellano, asesor del senador Ramírez Marín, destacó que crecer debería significar avanzar, no desaparecer.
En 17 años, solo una sofinco recibió autorización plena de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y su posterior pérdida de licencia ejemplifica los problemas del modelo regulatorio actual. Esto ha llevado a un llamado a reformar el marco normativo para facilitar la operación de estas comunidades financieras.
El foro también puso de relieve la importancia del financiamiento para mujeres indígenas, quienes enfrentan exclusión financiera y barreras para acceder a crédito. Organizaciones como SMB Mujeres de la Lluvia han implementado programas de ahorro y financiamiento que empoderan a las mujeres rurales, ayudándolas a superar obstáculos económicos y sociales.
Con la propuesta legislativa en curso, el debate sobre la inclusión financiera y el acceso al crédito en las zonas rurales de México se intensifica. Los impulsores de la iniciativa aspiran a que este año se logren avances significativos en el Senado, buscando transformar el panorama financiero en comunidades que han sido históricamente desatendidas.
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