Baleada el hogar de Rubén Rocha

Los acontecimientos en Culiacán, Sinaloa, continúan marcando un sombrío capítulo de la historia política mexicana. Este sábado, a las 10 de la mañana, un grupo armado desató una lluvia de balas sobre una vivienda emblemática: la casa de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia del estado. Este ataque no es un hecho aislado, sino una manifestación de la crisis que afecta a la región tras la reciente imputación por parte del Departamento de Justicia estadounidense de Rocha y otros altos funcionarios sinaloenses, acusados de vínculos con el narcotráfico.

La Secretaría de Seguridad del Estado informó que las detonaciones se reportaron a las 10:12, aunque la vivienda, adquirida por Rocha en 1984, ha permanecido deshabitada por más de diez años. Este hogar, situado en la colonia Las Quintas, es parte de su historia personal y política, un lugar donde la familia Rocha pasó años antes de que las sombras del crimen organizado comenzaran a eclipsar su legado.

La casa, comprada por 2.5 millones de pesos (aproximadamente 100,000 dólares) durante la época en que Rocha lideraba el sindicato de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se encuentra en un barrio que alguna vez fue considerado acomodado y de alto nivel socioeconómico. En este mismo entorno se consolidaron empresas vinculadas a Ismael “El Mayo” Zambada García, un referente del narcotráfico, que utilizaron sus negocios para el lavado de dinero.

Desde que las acusaciones contra Rocha fueron anunciadas el 29 de abril, las calles de Culiacán han visto un aumento en la presencia militar, incluyendo operativos que han reforzado la seguridad en la residencia actual del gobernador, ubicada en una zona exclusiva. A pesar de que el gobierno federal afirma que los índices de criminalidad han disminuido considerablemente, la violencia sigue siendo una constante, reflejando un escenario complejo en el estado.

Es importante mencionar que la vivienda tiroteada también fue hogar de Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena y cercano colaborador de Rocha durante sus inicios como secretario general de Gobierno. Este vínculo destaca cómo las redes de influencia y poder entrelazan a políticos y figuras del narcotráfico.

Ambos, Rocha e Inzunza, enfrentan ahora una inminente acción legal, con arrestos y peticiones de extradición en curso por parte de las autoridades estadounidenses. Se les imputa haber colaborado con el cartel de Sinaloa, incluso en el contexto de la campaña electoral de 2021, cuando se alega que recibieron apoyo a cambio de favores.

A medida que se desarrolla este complejo panorama, la situación en Culiacán solo parece volverse más tensa. Las investigaciones en curso, junto con la declaración de la justicia estadounidense, abren la puerta a un escrutinio más exhaustivo de las actividades de Rocha y sus allegados. Este episodio no solo pone de manifiesto la intersección entre política y crimen en México, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro del liderazgo en Sinaloa y las implicaciones en la lucha contra el narcotráfico.

En un contexto donde el miedo y la tensión parecen ser la norma, el ataque a la casa de un político en el epicentro de una tormenta mediática resuena como un recordatorio sombrío de los retos que enfrenta el país. Las calles de Culiacán, una vez tranquilas, ahora son testigos de un conflicto que se niega a ser olvidado, dejando a su paso preguntas acerca de la justicia, la seguridad y el verdadero costo del poder.

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