Nevaba en Madrid en febrero de 2018, cuando un grupo de vecinos se lanzó a la calle a celebrar su victoria. Poco importaba el frío. Ataviados con gorros confeccionados para la ocasión, los participantes brindaron, cantaron y se abrazaron hasta acabar empapados. Daba igual. Aquella semana, tras más de una década de dura lucha, comenzaron los trabajos para desmantelar el campo de golf levantado en Chamberí sobre los depósitos del Canal de Isabel II.
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Un proyecto personalísimo ideado en 2006 por la entonces presidenta Esperanza Aguirre —en la Asamblea confesaría que se le ocurrió tras ver instalaciones parecidas “en Tokio y en películas”—, que desbarató los planes trazados para la zona por integrantes de su propio partido, que nació entre fuertes protestas ciudadanas y que se erigió —sus restos aún lo hacen— como símbolo de la corrupción que anidó en el PP regional con sus gobiernos. El pasado martes, la Fiscalía pidió seis años de cárcel para Ignacio González, el vicepresidente regional y mano derecha de Aguirre, por los amaños en la adjudicación.
Esta solicitud del ministerio público llega 14 años después de la ostentosa inauguración del complejo, que a día de hoy permanece vedado al público, desde que cerrara sus puertas en 2017, obligado por varias sentencias judiciales y a la espera de que el actual Gobierno autonómico acabe las obras del nuevo parque que lo sustituirá. “Fue todo un capricho de Aguirre”, resume Diego Cruz, actual diputado autonómico por el PSOE y un veterano de la asociación vecinal El Organillo, una de las que encabezó las movilizaciones contra el campo de golf.
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Todo comienza realmente en 2003. Los populares José María Álvarez del Manzano y Alberto Ruiz-Gallardón, entonces alcalde y presidente autonómico, respectivamente, colocan la primera piedra de un proyecto que se vende como el futuro Retiro de Chamberí: un parque de 118.000 metros cuadrados con un gran estanque central, enormes jardines, un helipuerto y alguna instalación deportiva, como un campo de fútbol de césped artificial.
Las obras, que los residentes acogieron con entusiasmo en un barrio deficitario de zonas verdes, debían estar acabadas para final de 2005. Pero, en ese tiempo, Aguirre se hace con el poder en Madrid. “Y, de repente, apareció un cartel que anunciaba la construcción de un campo de golf. No entendíamos nada”, recuerda Mercedes Arce, una de las vecinas que se sumó a las protestas y miembro de la la asociación Parque Sí.
Ese panel marcó el pistoletazo de salida para la pelea. Para la lucha de David contra Goliat. La de un grupo organizado del barrio contra el empeño personal de una presidenta que llegó al Ejecutivo tras el tamayazo y que impuso sus sucesivas mayorías absolutas para aplastar al oponente.
Pilar Rodríguez, otra integrante de El Organillo, recapitula estos años de batalla: “Ni amamos ni odiamos el golf. Simplemente, no era una necesidad para un distrito sin zonas verdes. Se nos había prometido otra cosa y, además de eso, el proyecto era ilegal”, incide. “Esto no es una cuestión política, en este barrio hay mucha gente de derechas”.
