El Tribunal de Cuentas no es “un anacronismo”, que es el escenario en el que le situó la pasada semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero es desde luego un organismo peculiar, bastante opaco y desconocido, dirigido por consejeros políticos que viven en su propio mundo. Ajenos e incómodos como están ahora a la primera línea de fuego.
La millonaria sanción a los líderes independentistas catalanes, en un momento clave de la legislatura, ha catapultado al organismo fiscalizador al centro de la diana partidista, justo cuando culmina su mandato de nueve años y el PP rechaza la renovación. PSOE, Podemos y sus aliados nacionalistas esperarán a que acaben los recursos del proceso judicial en marcha para proponer cambios que modernicen la institución.
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El acta de liquidación con la sanción impuesta de 5,4 millones de euros a un grupo de 40 exdirigentes y ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña, incluidos expresidentes y varios consejeros, ha provocado que portavoces de ERC, Junts, PDeCAT, la CUP y Podemos hayan acusado al Tribunal de Cuentas de ser una “institución arbitraria, represiva y política” del Estado. Y hasta desde el PSOE se les ha señalado por “empedrar” la agenda del reencuentro, en la que está absolutamente empeñado el presidente Sánchez.
El jefe del poder ejecutivo calificó de “anacronismo” irracional que el líder del PP, Pablo Casado, se niegue ahora a negociar y bloquee la renovación de ese tribunal y cuestionó que sea aún una exministra del PP y consejera, Margarita Mariscal de Gante, la que vaya a dictar la sentencia sobre ese caso, tras el expediente elaborado antes por una instructora de la casa.
Mariscal, exministra de Justicia del primer Gobierno de José María Aznar, es desde 2012 una de las 12 consejeras de adscripción política del Tribunal, cuando Mariano Rajoy y el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba resolvieron la dirección de ese organismo en otra situación muy diferente. Entonces el reparto favoreció al PP, con siete consejeros, y cinco los designó el PSOE. En estos nueve años de mandato que acaban formalmente este 23 de julio han cambiado muchas cosas. Prueba de que los tiempos del tribunal siguen otros ritmos.
El reparto del pleno
El Tribunal de Cuentas es el órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, del sector público y de la contabilidad de los partidos, como se fija en el artículo 136 de la Constitución.
Los consejeros son designados por las Cortes Generales, seis por el Congreso y seis por el Senado, con una votación que requiere una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, por un período de nueve años, que en este caso acaba el 23 de julio. El tribunal emitió un comunicado el viernes en el que enfatizó la relevancia de su independencia política. Los consejeros son “independientes e inamovibles”.
