El 20 de abril, un accidente carretero en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, resultó en la muerte de dos agentes presuntamente de la CIA, quienes regresaban de un operativo que desmanteló seis narco-laboratorios. Este suceso desató una ola de indignación y respuestas políticas que, curiosamente, parecen desproporcionadas en comparación con la creciente violencia que vive el país.
La presidenta Sheinbaum envió una nota diplomática al embajador estadounidense Ronald Johnson, mientras que el senador Saúl Monreal enfatizó la necesidad de justicia, advirtiendo que no se podía permitir impunidad en un caso tan grave. Legisladores de Morena incluso amenazaron con llevar el asunto a la fiscalía. Desde Palacio Nacional, se invocaron la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, instrumentos retóricos que, en ocasiones, son utilizados para marcar diferencias entre quienes “defienden” a México y quienes, según la narrativa oficial, lo comprometen.
Sin embargo, esa reacción política resalta un contraste notable con la situación alarmante que viven miles de familias en el país. Grupos del crimen organizado han desplazado a comunidades enteras con una impunidad notoria, a menudo ignorada por los medios y las autoridades. En Chilapa, Guerrero, por ejemplo, el grupo Los Ardillos comenzó una ofensiva el 6 de mayo contra las comunidades nahuas, dejando cuatro policías comunitarios asesinados y entre 800 y 1,000 familias huyendo. A pesar de la presencia del Ejército y la Guardia Nacional, estos no intervinieron.
En Apatzingán, Michoacán, más de 600 personas abandonaron sus hogares en la madrugada del 5 de mayo, coincidiendo con el retiro de una base militar que custodiaba la zona. Mientras tanto, en Chihuahua, más de 200 familias fueron desplazadas por el miedo a reclutamientos forzados y balaceras que duraron horas. La violencia en Sinaloa ha adquirido una magnitud alarmante, donde desde septiembre de 2024, la guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa ha dejado más de 1,650 homicidios dolosos solo en 2025, sumando cientos de desaparecidos y familias que han sido obligadas a abandonar sus comunidades.
Estos episodios no son casos aislados; representan un fenómeno mucho más amplio. Según datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la ACNUR y el Observatorio de Desplazamiento Interno de la ONU, aproximadamente 390,000 personas viven ya alejadas de sus hogares en México debido a la violencia. La respuesta del gobierno federal ha sido, en gran medida, una inacción institucional, con registros incompletos y operativos que parecen más enfocados en la imagen que en la efectividad.
La soberanía, en su esencia, implica que el Estado ejerza autoridad efectiva sobre su territorio y garantice la seguridad de sus habitantes. A este respecto, México ha cedido soberanía real a grupos como Los Ardillos en Guerrero, y a facciones en guerra en Michoacán y Sinaloa, mientras que no se escucha una voz oficial contundente en respuesta a esta crisis.
La retórica sobre la soberanía tiene su papel político, pues activa memorias históricas y lealtades. Pero esa retórica, cuando se aplica de manera selectiva—estruendosa frente a Washington y muda frente al crimen organizado—pierde su valor y se convierte en una distracción. Un gobierno que se agita ante la presencia de agentes de la CIA, pero que guarda silencio ante las tragedias de familias desplazadas, no está defendiendo la soberanía. Está protegiendo su narrativa.
A medida que las circunstancias se complican, se hace cada vez más evidente que las preocupaciones deben ir más allá de la retórica y traducirse en acciones tangibles para proteger a quienes habitan en este país.
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