Los hallazgos de fosas clandestinas y el desplazamiento forzado interno en México se han convertido en preocupaciones alarmantes en el contexto de la violencia generada por el crimen organizado. En el primer cuatrimestre de 2026, la organización Causa en Común reportó el descubrimiento de 157 fosas clandestinas en diversas entidades del país, donde se exhumaron al menos 250 restos humanos. Las regiones más afectadas por estos macabros hallazgos incluyen Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, Estado de México y Guanajuato.
A lo largo del tiempo, se ha documentado un total de 5,698 fosas clandestinas desde 2006 hasta abril de 2023, con Veracruz (668), Tamaulipas (554) y Sinaloa (484) encabezando la lista de estados con mayor número de exhumaciones. Un monitoreo realizado por la misma ONG reveló cifras preocupantes relacionadas con los hallazgos anuales: por ejemplo, en 2020 se contabilizaron 1,350 fosas, mientras que en 2024 la cifra fue de 244.
El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana también ha destacado el impacto devastador de estas desapariciones. Durante el sexenio de López Obrador, se encontraron 4,701 cadáveres y 6,072 restos humanos en fosas clandestinas, siendo Jalisco, Sonora y Guanajuato los estados con más cuerpos recuperados. Sin embargo, la situación va más allá de los datos: el desplazamiento forzado interno ha aumentado de manera alarmante, afectando la seguridad y la calidad de vida de miles de familias.
En su informe “Travesías Forzadas. Desplazamiento interno en México 2025”, las investigadoras Agnes Jiménez, Suelem Luna y Janette Carrillo documentaron 15,795 personas desplazadas en 73 eventos registrados durante 2025. La mayor concentración de desplazamientos ocurrió en Sinaloa, con un 39.2% de los casos; seguido por Chihuahua (28.4%) y Michoacán (21.3%). La violencia vinculada al crimen organizado fue la principal causa de estos desplazamientos, que impactan enormemente en la salud, la vivienda y los sustento de quienes se ven forzados a abandonar sus hogares.
Aunque se han hecho esfuerzos por parte de diferentes instituciones para abordar esta creciente crisis, muchos defensores de derechos humanos, como Iris Martínez Cepeda, lamentan las condiciones precarias en las que se encuentran las comunidades desplazadas. La falta de atención a sus necesidades básicas, como la salud y el refugio, resalta el vacío institucional vigente.
Las cifras son contundentes: el 83% de los desplazamientos se deben a la violencia del crimen organizado, mientras que el uso de tecnologías como drones y armamento de alto poder en estas comunidades ha incrementado.
A pesar de los desafíos, hay avances significativos, como la inclusión de preguntas sobre desplazamiento en la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sin embargo, especialistas insisten en la urgente necesidad de establecer una Ley General sobre desplazamiento forzado y desarrollar registros nacionales que articulen mejor esta problemática.
Las atrocidades documentadas demandan no solo una acción inmediata, sino también un cambio profundo en las políticas de seguridad y en la atención a las víctimas, dejando claro que mientras las cifras continúen aumentando, el reconocimiento y el apoyo a quienes sufren estas realidades deben ser una prioridad.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
