En Michoacán Avanzan en ‘Ley Monzón’

El Congreso del Estado de Michoacán se encuentra en el proceso de debate para la aprobación de una ley significativa, conocida como la “Ley Monzón”. Esta iniciativa, que había estado en pausa desde 2023, se propone modificar la legislación vigente para despojar a los presuntos feminicidas de la custodia de sus hijos menores de edad. Este cambio se plantea como una medida temporal, vigente hasta que se resuelva el estado legal de cada caso específico.

Según datos presentados en la iniciativa, el impacto de la violencia de género es alarmante: cuatro de cada diez mujeres víctimas de feminicidio son asesinadas por sus parejas. A pesar de esta realidad, la ley actual permite que los acusados continúen ejerciendo la custodia sobre los menores que quedan huérfanos a causa de tales crímenes.

La propuesta legislativa lleva el nombre de Cecilia Monzón Pérez, una abogada y activista por los derechos de las mujeres, cuya vida fue arrebatada el 21 de mayo de 2022 en San Pedro Cholula, Puebla. Su asesinato, perpetrado de manera violenta desde una motocicleta mientras ella circulaba en su auto, generó una profunda conmoción por la brutalidad del acto. Dejando tras de sí a un niño de cuatro años, Cecilia había dejado a su hijo bajo la custodia provisional de su padre, Javier López Zavala, quien ha sido señalado como el autor intelectual de su asesinato y está bajo acusaciones de feminicidio.

La diputada Sandra Arreola, quien impulsa esta iniciativa en Michoacán, está tomando como base un precedente importante: el congreso local de Puebla aprobó reformas el 2 de marzo que permiten suspender la patria potestad a aquellos presuntos feminicidas. De confirmarse una sentencia, la custodia sería retirada de forma definitiva.

Esta ley podría marcar un precedente en la lucha contra la violencia de género, ofreciendo un enfoque más protector hacia los menores que quedan en situaciones vulnerables tras la pérdida de sus madres. La decisión del Congreso no solo refleja una respuesta inmediata a una crisis social, sino también un avance hacia la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres y los niños en el contexto de un país que enfrenta preocupantes índices de violencia.

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