En Puebla, el sector de franquicias ha tomado la decisión de implementar un sistema más robusto de videovigilancia, conectándose al centro de respuesta inmediata de seguridad pública. Esta medida tiene como objetivo primordial inhibir el robo a comercios en la región. Francisco Lobato Galindo, vicepresidente de la Red Mexicana de Franquicias, enfatiza que, aunque las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad, es crucial que también los empresarios se involucren activamente en esta colaboración.
Lobato señala que, lamentablemente, solo tres de cada diez negocios dentro de su sector están actualmente conectados a un centro de emergencia municipal. Este hecho indica una falta de interés en la seguridad por parte de muchos comerciantes, quienes a menudo dependen exclusivamente de la acción gubernamental. Destaca que en muchos robos a comercios, la ausencia de cámaras o su desconexión del sistema de seguridad municipal dificulta la labor de las autoridades.
“El sector de franquicias es uno de los más vulnerables debido al alto volumen de clientes que recibimos, sin embargo, muchas veces no nos hacemos responsables de nuestra propia seguridad y transferimos esa carga completamente a las autoridades”, comenta Lobato Galindo.
Para mejorar la situación, propone que al conectar las cámaras de vigilancia a los centros de emergencia, las autoridades podrán ejecutar operativos más efectivos, lo que facilitará la captura de delincuentes y la recopilación de evidencias en zonas con altos índices de robo. Este enfoque no solo beneficiaría a los comerciantes, sino que también protegería a los clientes que frecuentan estos establecimientos.
Además, dentro de su organización, los socios están valorando la efectividad de sus equipos de seguridad para asegurarse de que estén actualizados y puedan vincularse con los sistemas de las corporaciones policiacas. Invertir en seguridad se presenta como una necesidad imperante, no solo para salvaguardar los intereses de los empresarios, sino también para garantizar un entorno seguro para los consumidores.
La meta es clara: lograr que al final del año, al menos la mitad de los 1,300 socios de la red se conecten a estos sistemas de seguridad. Aunque este proceso es gradual, representaría un avance significativo en la colaboración entre el sector privado y las autoridades locales.
Sin embargo, las autoridades no pueden permanecer inactivas. Es fundamental que también promuevan y faciliten este servicio de seguridad, cuyos únicos costos serían la instalación inicial y el mantenimiento anual que los empresarios deben asumir. La conexión de los comercios a sistemas de emergencia no solo es una cuestión de seguridad, sino una inversión en la confianza y protección de la comunidad.
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