Hoy, Ginebra se convierte en el escenario de la 79ª Asamblea Mundial de la Salud, un evento marcado por la notable ausencia de Estados Unidos, el principal contribuyente de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta falta de apoyo financiero está llevando a una reconfiguración de presupuestos y prioridades dentro de la OMS, y plantea interrogantes sobre la capacidad de la comunidad internacional para enfrentar futuras pandemias de manera equitativa.
La experiencia vivida durante la pandemia de COVID-19 ha dejado una huella profunda en los países en desarrollo, donde la inequidad se hizo evidente al observar cómo las naciones más ricas acaparaban vacunas y suministros. En este contexto, surge la exigencia de un acuerdo que garantice que, en futuras crisis sanitarias, los países en desarrollo no compartirán información genética ni muestras de patógenos sin recibir garantías a cambio. Estas garantías incluyen acceso oportuno a contramedidas, transferencia de tecnología y capacidad de producción regional.
Jorge Saavedra, director del Instituto de Salud Pública Global de la AIDS Healthcare Foundation (AHF), enfatiza la paradoja actual: mientras el 80% de la población global vive en países en desarrollo, estos solo reciben un 20% de la producción de vacunas y otros tratamientos, en su mayoría donaciones y a precios de mercado. AHF, junto con organizaciones como Médicos Sin Fronteras, está impulsando la campaña “No hay equidad, no hay acuerdo”, subrayando que se necesita un cambio real en la manera en que se manejan los recursos sanitarios globales.
En la actualidad, las negociaciones sobre el Anexo de Acceso a Patógenos y Reparto de Beneficios están en pausa, y es probable que se extiendan hasta 2027. Los puntos en discusión no son únicamente técnicos, sino que reflejan un desequilibrio de poder entre las naciones ricas y las más vulnerables. Mientras los países desarrollados resisten la transferencia de tecnología necesaria para que naciones como Brasil, México, India y Sudáfrica puedan producir sus propios tratamientos, las consecuencias económicas de este estancamiento son significativas. La falta de un marco equitativo para futuras pandemias podría resultar en graves disrupciones económicas, como se evidenció con la COVID-19, que causó una reducción del 7% en el PIB de América Latina durante 2020 y 2021.
En América Latina, el dengue dejó recientemente récords de casos sin una respuesta regional coordinada, exacerbando la vulnerabilidad de los países de la región. Esta coyuntura representa una oportunidad histórica para repensar la arquitectura de la salud global. La ausencia de Estados Unidos, que ha optado por priorizar acuerdos bilaterales, presenta una posibilidad para fortalecer la colaboración entre naciones latinoamericanas.
El equipo de AHF propone la creación de un mecanismo regional operativo para emergencias sanitarias, similar al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en África. Este esfuerzo no busca sustituir a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sino complementarla mediante la coordinación en detección temprana, respuesta rápida y producción de contramedidas. Las conversaciones ya han comenzado con autoridades de diversos países y universidades, señalando que es el momento de involucrar a expertos en salud pública en lugar de representantes políticos.
Aunque la Asamblea Mundial de la Salud no resolverá el problema del Anexo esta semana, puede enviar un mensaje importante: la equidad en salud no es un acto de caridad, sino una inversión fundamental para la estabilidad global. La salud no solo se considera un derecho, sino que se erige como el activo económico más valioso que poseemos. Si los países en desarrollo se unen para reclamar un acuerdo que equilibre el porcentaje de producción y acceso, no solo defienden vidas, sino también el futuro desarrollo económico de sus naciones.
Actualización: Cofepris ha confirmado la obtención de 60 millones de pesos para avanzar en su digitalización, y las autoridades han decidido que la industria regulada ya no será responsable de aportar recursos en este proceso.
Además, en el ámbito farmacéutico, se ha ampliado la protección de datos para medicinas como Ozempic y Wegovy durante 10 años, lo que plantea interrogantes sobre el acceso futuro a estos tratamientos debido a sus elevados costos.
En un último giro, las compras consolidadas de medicamentos para 2027-2028 ahora incluyen requisitos políticos que podrían encarecer considerablemente la oferta, recordando épocas tumultuosas del pasado. La situación actual deja claro que la salud pública y el acceso a medicamentos y tratamientos son más que necesidades básicas; son un imperativo para el desarrollo sostenible y la justicia social.
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