La segunda elección judicial de magistrados y jueces federales y locales en México, originalmente programada para 2027, se prevé ahora que se aplace al 2028. Esta propuesta surge de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien busca evitar que esta elección coincida con los comicios intermedios del 6 de junio del próximo año, donde se renovarán la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas, así como miles de otros cargos.
Durante una conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum indicó que se ha realizado una evaluación exhaustiva, encargada a Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo federal, quien sugirió que el aplazamiento es esencial dado el volumen de puestos que se elegirán en 2027. La presidenta también destacó cómo la posible coincidencia de los procesos electorales requeriría la instalación de “casillas distintas”, complicando el proceso para los ciudadanos que tendrían que trasladarse entre distintas ubicaciones para ejercer su derecho al voto.
La iniciativa de reforma constitucional que se enviará al Congreso incluirá no solo el aplazamiento de la elección judicial, sino también propuestas para simplificar la boleta electoral, reduciendo el número de candidatos por cargo y especialidad de cuatro a dos, facilitando así el proceso para el votante. Además, se establecería una capacitación continua y obligatoria para todos los jueces y magistrados.
En términos de números, el año 2028 verá la elección de cuatro magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 463 magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito, 385 jueces de Distrito, junto con 424 magistrados y 2,831 jueces en los poderes judiciales locales a lo largo de 25 entidades federativas.
La propuesta también contempla la creación de una Comisión Coordinadora que estandarice la metodología y los criterios de evaluación de los candidatos, así como la implementación de exámenes de conocimiento. Los Comités de Evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se encargarán de evaluar los perfiles, antecedentes y competencias de los aspirantes, seleccionando a los más destacados para luego realizar una insaculación pública que consequentialmente garantizará la paridad de género en los candidatos finales.
Un aspecto significativo de este cambio es la intención de que las elecciones judiciales y ordinarias puedan llevarse a cabo de manera concurrente en el futuro, permitiendo que los votantes utilicen la misma casilla para ambos procesos. El escrutinio de los votos también se realizaría en las mismas ubicaciones, eliminando condiciones que podrían facilitar la intervención de los representantes de los partidos. Para dar un margen adecuado a los Comités de Evaluación, el Senado anticipará la emisión de la convocatoria general al mes de abril, tres meses antes de lo habitual.
En un comentario sobre la posibilidad de revocación de mandato, Sheinbaum también sugirió que esta consulta podría coincidir con las elecciones del 4 de junio de 2028.
No obstante, la propuesta no ha estado exenta de críticas. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito ha advertido que proceder a la elección judicial sin criterios adecuados podría poner en riesgo la imparcialidad del sistema de justicia en México, sugiriendo que la elección se limite a vacantes generadas por razones naturales, y que se considere a quienes fueron destituidos en 2025 bajo reglas diferenciadas.
Asimismo, el Observatorio Permanente de Integridad Electoral ha argumentado que la reforma propuesta no aborda en profundidad las cuestiones subyacentes sobre la viabilidad y organización del sistema judicial. Con este contexto, el futuro del proceso judicial en México aparece cada vez más dependiente de decisiones políticas y administrativas que podrían redefinir el panorama judicial del país.
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