El 6 de mayo, la Casa Blanca presentó la nueva Estrategia Nacional Antiterrorista de Donald Trump, un documento de 16 páginas que coloca a los cárteles mexicanos en la cúspide de las prioridades de seguridad nacional. Este enfoque revela un compromiso de Washington para actuar en México, incluso si el gobierno mexicano “no puede o no quiere” cooperar. Aunque el documento se autodenomina “apolítico y basado en la realidad”, hay elementos significativos en su contenido que parecen ser ignorados.
Durante una conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum reflexionó sobre el informe de manera incisiva: “El presidente Trump ha dicho que en México hay gobiernos de narco, pero cada vez que hablamos no me lo dice a mí”. Esto pone de manifiesto una discrepancia entre lo que se dice en público y lo que se discute en privado.
Un punto crucial que la estrategia omite es el flujo de armas desde Estados Unidos hacia México. Anualmente, entre 200,000 y 253,000 armas de fabricación estadounidense cruzan la frontera; sorprendentemente, el 68% de las armas del crimen organizado en México provienen de proveedores en EE. UU. Aunque el documento menciona la intención de cortar “brazos, financiamiento y cadenas de reclutamiento” de los cárteles, no aborda a aquellos que suministran las armas. Esta omisión no es accidental, sino un reflejo de dos décadas de resistencia legislativa por parte del lobby de las armas en Estados Unidos.
Además, el informe ignora por completo temas esenciales como las adicciones y la salud pública. Con cientos de miles de estadounidenses muertos por sobredosis cada año, abordando este desafío meramente desde una perspectiva militar en lugar de sanitaria. Si la verdadera intención fuera salvar vidas, se implementarían clínicas y programas de rehabilitación, en lugar de limitarse a ataques militares. La conclusión es clara: los cárteles han llegado a ser un recurso político constante para Trump, mientras que la adicción y la salud pública son problemas que probablemente no votos.
Quizás el aspecto más revelador del documento es su declaración de ser “apolítico”, mientras que ignora el terrorismo de extrema derecha, que ha sido el más letal en los EE. UU. en las últimas décadas, con 227 ataques y más de 520 muertos desde 1990 hasta 2024. En contraposición, se promete identificar grupos antifascistas y a aquellos con ideologías “radicalmente protransgénero”. Así, el documento escoge las amenazas más convenientes para Trump, dejando de lado las que realmente lo comprometen.
La estrategia de seguridad nacional no se limita a diagnosticar amenazas, sino que las selecciona según conveniencia. Esto crea un mapa político que, aunque impone condiciones, carece de una verdadera reciprocidad en la cooperación. Para México, esto se traduce en una soberanía condicionada, con métricas establecidas exclusivamente por EE. UU., obligando al país a combatir cárteles armados con fusiles estadounidenses, mientras la llegada de estas armas no se plantea como un tema de discusión. En lugar de una cooperación bilateral efectiva, se presenta como una imposición unilateral con la apariencia de una estrategia de seguridad.
En resumen, la nueva Estrategia Nacional Antiterrorista no solo plantea desafíos complejos y realidades incómodas, sino que también expone una táctica política diseñada para mantener el foco en enemigos externos sin abordar las profundas crisis internas de salud pública y violencia.
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