Un tribunal estadounidense ha dictado una sentencia que impacta considerablemente el panorama de la corrupción en México. La Familia Weinberg, nada menos que implicada en los escándalos de corrupción y narcotráfico del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, deberá pagar al Estado mexicano la asombrosa cifra de 578.5 millones de dólares. Esta información fue revelada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su Unidad de Inteligencia Financiera.
La decisión proviene de un tribunal en Florida, que condenó a los Weinberg en un procedimiento civil diseñado para recuperar activos vinculados a un entramado de corrupción. Esta resolución judicial no solo abarca a la familia, sino que también implica a diversas empresas que, entre 2009 y 2018, obtuvieron un total de 30 contratos con el gobierno mexicano bajo condiciones realmente cuestionables.
Según la UIF, el proceso judicial en Estados Unidos demostró la participación de tanto individuos como entidades en la manipulación de contratos públicos y en la ocultación de fondos. Este fallo se suma a las condenas previamente impuestas a García Luna y su esposa, que, en mayo de 2025, totalizaron más de 2,448 millones de dólares. De este modo, el monto total de las sanciones que ha recibido el Estado mexicano relacionado con este esquema de corrupción supera la impresionante cifra de 3,067 millones de dólares, subrayando la gravedad del desvío de recursos públicos.
Esta resolución también forma parte de un acuerdo con los condenados, quienes están obligados a entregar activos localizados en diferentes jurisdicciones para cumplir con el monto a pagar. Cabe recordar que en 2024, García Luna, considerado el “superpolicía” del gobierno de Felipe Calderón, fue sentenciado a 38 años de prisión en Nueva York por sus conexiones con el narcotráfico, especialmente con el temido Cártel de Sinaloa.
A pesar de que García Luna no ha enfrentado juicio en México, el gobierno mexicano ha tomado la iniciativa de presentar una demanda civil para la recuperación de estos recursos, marcando un paso relevante en los esfuerzos por combatir la corrupción y el desvío de fondos en el país. La sentencia del tribunal estadounidense se presenta, por tanto, como un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia y resolución en un caso que ha sacudido las estructuras de poder y autoridad en ambas naciones.
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