La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio un paso significativo en la protección del sector agrícola del país al anunciar un acuerdo que promete ordenar el mercado del maíz y garantizar un precio justo para los productores. Esta declaración surge en un contexto preocupante, donde la agricultura enfrenta una crisis, afectada por el desplome de precios y las prolongadas sequías que han azotado a diversas regiones.
Durante la formalización del acuerdo en el Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del maíz blanco “Precio Justo”, la mandataria destacó la importancia de la colaboración entre productores, comercializadores y gobiernos. “Hoy estamos garantizando el precio justo, gracias a todos ustedes”, afirmó, enfatizando que se busca ofrecer a los agricultores una forma estable y rentable de vender su producto.
Los datos son impactantes: los ha sucedido que producir una tonelada de maíz cuesta más de 6,000 pesos, mientras que el precio de venta en el mercado apenas alcanzaba los 5,200 pesos. Esta disparidad ha llevado a muchos productores a acumular deudas significativas, acentuadas por dos años consecutivos de sequía y una caída notable en los precios internacionales.
El acuerdo, impulsado por la empresaria Altagracia Gómez y respaldado por el gobierno federal, establece mecanismos que incentivan la compra anticipada del maíz a precios justos antes de cada cosecha. Además, busca priorizar el consumo de maíz blanco nacional, lo que permitirá a los agricultores contar con un canal de comercialización más seguro antes de recurrir a importaciones.
Este nuevo esquema no solo se centra en la comercialización. También incluye la venta directa de insumos agrícolas esenciales —como semillas y fertilizantes— a precios accesibles. Se espera que esta estrategia potencie la productividad y la rentabilidad de los productores nacionales, aliviando en parte la carga económica que han enfrentado.
Los estados que se verán beneficiados incluyen Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala, Campeche y Sinaloa, donde se prevé la comercialización de hasta siete millones de toneladas de maíz blanco. Más de 61,000 productores, junto a las principales harineras y comercializadoras, participan en esta iniciativa, que abarca más del 80% de la comercialización formal del maíz blanco en el país.
El diseño del acuerdo también ha contado con la participación de la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Hacienda, ofreciendo certidumbre a la cadena productiva. Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, expresó que este acuerdo rompe con paradigmas previos, donde era impensable unir a diferentes actores del sector en torno a temas de precios.
Este modelo plantea un papel más activo del gobierno, que ahora actuará como facilitador de un ingreso mínimo a través de coberturas de precios y seguros climáticos, creando un ambiente más estable para los productores. La meta final es asegurar que las cosechas nacionales se comercialicen adecuadamente y se eviten desplazamientos por importaciones, cumpliendo así con las cruciales necesidades del sector agrícola.
El éxito del nuevo sistema dependerá de su capacidad para integrar eficientemente las cadenas productivas y fortalecer el abasto interno, asegurando que los productos nacionales encuentren el lugar que merecen en el mercado.
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