En un giro significativo en la evaluación de uno de los proyectos más controvertidos de los últimos años, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha otorgado una prórroga de 60 días para analizar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del parque acuático que Royal Caribbean pretende desarrollar en Mahahual, Quintana Roo. Este anuncio se realizó apenas cinco días antes de que la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, revelara que no se aprobará el mencionado proyecto.
El caso ha estado marcado por un intensivo proceso de consulta pública, en el que se recolectaron más de 14,000 opiniones ciudadanas. Además, se consideraron las aportaciones de comunidades, especialistas y organizaciones ambientales, incluyendo a Greenpeace México. A pesar de estas voces, el proyecto, que implica una inversión de 1,000 millones de dólares, todavía no cuenta con la autorización ambiental necesaria para avanzar en su desarrollo, construcción u operación.
Desde la entrega de la MIA el 9 de diciembre de 2025, el trámite ha enfrentado obstáculos significativos. El 24 de febrero, se suspendió su evaluación por requerimientos de información adicional, pero eventualmente se reanudó conforme a la legislación ambiental. Hasta el 12 de mayo, la Semarnat continuó su análisis, reafirmando que no se había emitido ninguna autorización.
A pesar de la reciente negativa anunciada, el sector ambientalista de Quintana Roo pide cautela. Antonella Vázquez Cavedón, presidenta de la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, subraya que aún es necesario un resolutivo claro y definitivo por parte de la Semarnat. La posibilidad de que Royal Caribbean impugne esta decisión representa un riesgo que podría modificar la situación actual.
Por su parte, Juan Carlos Arnau, vicepresidente de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas, considera que la interrupción del proyecto es perjudicial y responde a las presiones de grupos ambientalistas. La controversia alrededor del “Proyecto Perfect Day” refleja no solo el conflicto entre desarrollo turístico y conservación ambiental, sino también las tensiones en la política pública relacionada con el uso de los recursos naturales en una de las regiones más importantes para el turismo en México.
Este caso continúa desarrollándose, y están en juego tanto el futuro de un ambicioso proyecto turístico como la protección del entorno en una de las zonas más frágiles del país.
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