El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dado un paso significativo en la reestructuración de su sistema judicial de inmigración. Esta semana, se anunció la incorporación del mayor grupo de nuevos jueces de inmigración en la historia de la agencia. En una ceremonia celebrada el miércoles, 77 jueces de inmigración permanentes y cinco temporales prestaron juramento, elevando el número total de jueces a casi 700. Este cambio se produce en un contexto en el que el Gobierno del expresidente Donald Trump había despedido a más de 100 jueces, lo que provocó una considerable escasez de personal en los tribunales de inmigración.
El fiscal general interino Todd Blanche expresó su satisfacción por la incorporación de este nuevo grupo, destacando su importancia en la labor de revisión de casos de inmigración. A diferencia de los jueces federales, los jueces de inmigración forman parte de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración dentro del Departamento de Justicia, lo que les diferencia notablemente en su papel y funcionamiento.
Desde que Trump volvió a asumir la presidencia en enero de 2025, su administración ha continuado con una agenda de inmigración dura, resultando en el despido de al menos 115 jueces de inmigración. Varios otros jueces han optado por aceptar indemnizaciones por despido, dimisiones o jubilaciones, lo que ha creado una necesidad urgente de nuevos nombramientos en el sistema.
Con la nueva incorporación, el Departamento de Justicia ha contratado un total de 153 jueces de inmigración permanentes en el año fiscal 2026, que comenzó el 1 de octubre, marcando un récord para la agencia en un solo año. La principal prioridad del Departamento es reducir la acumulación de casos en los tribunales de inmigración. Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, el número de casos pendientes se ha reducido de aproximadamente 4 millones a menos de 3,53 millones, una señal positiva en la gestión del sistema.
Esta reestructuración, aunque controversial, busca agilizar el proceso y proporcionar una revisión más eficiente de los casos de inmigrantes, un aspecto crucial en un momento en el que las políticas de inmigración y la gestión de fronteras están bajo un intenso escrutinio público y político. Con estos nuevos nombramientos, el Departamento de Justicia establece un camino hacia la optimización de los tribunales de inmigración, un tema que seguirá generando debate y análisis en el futuro cercano.
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