No somos Cuba ni Irán, pero la situación actual no es para menos. Esta semana, Donald Trump ha emitido una nueva orden ejecutiva que exige a los bancos y empresas financieras que verifiquen la situación migratoria de sus clientes. Este cambio podría significar una reducción significativa de más del 10% en las remesas que llegan a México, lo que afectaría a alrededor de 4 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos bajo condiciones de ilegalidad migratoria.
La orden, titulada “Restaurando la Integridad de Nuestro Sistema Financiero”, se presenta en un lenguaje que recuerda a los tiempos más severos de control migratorio. Se destaca que la administración no tolerará riesgos a la seguridad nacional vinculados con la actividad financiera ilícita en la frontera, haciendo hincapié en que no se permitirá que los migrantes indocumentados, definidos como “inadmisibles y removibles”, generen riesgos crediticios que erosionen la solvencia del sistema bancario.
La medida tiene profundo impacto, puesto que instruye a los bancos a evaluar el riesgo de los prestatarios que podrían ser deportados. Esto introduce una nueva dinámica en la relación entre el sistema financiero y la comunidad migrante; los bancos podrían verse obligados a restringir servicios como tarjetas de crédito o préstamos hipotecarios simplemente por el estatus migratorio de sus clientes.
El Departamento del Tesoro enfrentará el reto de implementar estos cambios, aunque parece que la medida no se hará efectiva en su totalidad. Sin embargo, cualquier modificación podría complicar la vida diaria de los indocumentados, limitando su acceso no solo a servicios financieros, sino también a oportunidades laborales. Además, hay un indicativo de que los cónsules mexicanos en los Estados Unidos podrían ver modificados sus procedimientos de asistencia, lo que complicará aún más la situación de aquellos que intentan vivir y trabajar en un entorno hostil.
El impacto económico también es relevante. Una reducción del 10% en las remesas podría significar una pérdida de 500 a 600 millones de dólares mensuales, afectando el consumo y el Producto Interno Bruto (PIB) de México. En estados como Zacatecas, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, las remesas representan más del 10% del PIB local, un sector crítico para su estabilidad económica.
Se prevé que el efecto de estas medidas se sienta con fuerza en el último trimestre del año, ya que su implementación se desarrollará entre 60 y 180 días. Es probable que en las próximas semanas se incrementen los envíos de dinero, ya que muchos intentarán aprovechar la ventana de oportunidad antes de que se apliquen las restricciones. Con la Hiperinflación y otros factores económicos en juego, la disminución de remesas podría recortar entre 0.3 y 0.5% del PIB el próximo año.
Los desafíos no solo se limitan a las remesas, ya que es vital prestar atención a otros motores económicos como las exportaciones y la inversión privada. El futuro es incierto, y las implicaciones de estas políticas deberán ser monitoreadas de cerca. Ajustes en la economía mexicana podrían ser inevitables en meses venideros, así que es momento de prepararse.
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