El Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2026-2030 (PNER), publicado el 18 de mayo de 2026, establece un ambicioso marco estratégico para abordar las telecomunicaciones en México. No obstante, un análisis meticuloso revela que sus indicadores de medición podrían ser más una fachada que una herramienta real para mejorar la conectividad en las zonas marginadas del país.
Uno de los aspectos más destacados del programa es el Indicador 1.1, que se propone medir el avance basado en el espectro radioeléctrico destinado a las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT), con la meta de aumentar de 695 MHz en 2025 a 1095 MHz en 2030. Esta cifra representa un incremento de 400 MHz, pero el enfoque en MHz, sin distinguir las bandas de frecuencia, plantea serias limitaciones. Las frecuencias más bajas, como la banda de 700 MHz, son esenciales para alcanzar comunidades rurales, mientras que las frecuencias más altas, como los 26 GHz, son casi inviables fuera de entornos urbanos densamente poblados.
La crítica aquí radica en que un regulador puede cumplir formalmente con el objetivo al asignar espectro alto, logrando así un avance del 100% en el indicador, sin que eso signifique mejorar la conectividad para los habitantes de entidades como Guerrero, Oaxaca o Chiapas, identificadas como zonas desatendidas. Esto implica una posible desconexión entre los indicadores y la realidad en el terreno.
Asimismo, el Indicador 1.2 busca medir el aumento en la infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión en áreas marginadas, con una meta del 30% para 2030. Sin embargo, la metodología sugiere que el conteo se realice en números absolutos, lo que complica la comparación de diferentes tipos de infraestructura. Un sistema de transmisión AM y un kilómetro de fibra óptica no son comparables en su impacto sobre la conectividad de calidad. La inclusión de transmisores antiguos en comunidades ya cubiertas podría distorsionar el verdadero avance y, además, el cálculo porcentual no será viable hasta 2027, evidenciando una falla en la metodología.
El Indicador 2.1, que mide el porcentaje de comunidades indígenas y afromexicanas atendidas, se enfrenta a un desafío conceptual similar. Al contabilizar cualquier tipo de interacción, desde talleres hasta la entrega de materiales informativos, diluye la verdadera esencia de la atención recibida. Así, la comunidad que recibe un folleto podría ser igual de “atendida” que la que tiene acceso a una infraestructura operativa y eficaz.
La convergencia de estos indicadores sugiere una arquitectura de rendición de cuentas que podría cumplir las metas sin generar cambios significativos en la conectividad real. La capacidad de reportar avances utilizando criterios que no reflejan la realidad del terreno plantea un riesgo institucional serio. Un organismo que diseña y reporta el cumplimiento de las metas sin un regulador independiente podría incurrir en prácticas que no beneficien a las comunidades marginadas.
El PNER tiene el potencial de transformar la conectividad en México, pero para ello es imperativo que sus indicadores se alineen con la realidad. Esto implica una revisión que contemple rangos de frecuencia diferenciados, unidades de medida claramente definidas y métricas verificables que midan los resultados tangibles en la conectividad de la población.
Sin ajustes en este sentido, el programa corre el riesgo de seguir un patrón conocido en la política de telecomunicaciones en México: diagnósticos precisos, metas ambiciosas y parámetros diseñados para cumplirse sin una verdadera medición del impacto en la vida de los ciudadanos. La mejora en la conectividad debe ser un objetivo real, no solo un número en un informe.
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