La Fiscalía General de la República (FGR) ha anunciado que citará a declarar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en el marco de una investigación que se origina de acusaciones realizadas en Estados Unidos sobre supuestos vínculos con el narcotráfico. Este movimiento se realiza en respuesta a un expediente presentado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que involucra a diez ciudadanos mexicanos cercanos a Sinaloa, donde se destaca a Rocha Moya por enfrentar señalamientos relacionados con una red de protección al infame Cártel de Sinaloa.
La FGR ha comunicado que las diligencias tienen como objetivo avanzar con seriedad y exhaustividad en las investigaciones, mediante entrevistas con las personas implicadas. De acuerdo con la institución, estas acciones se llevan a cabo en plena sujeción al debido proceso.
Los fiscales estadounidenses han acusado al gobernador y a otros funcionarios del estado de colaborar con estructuras del narcotráfico que presuntamente facilitan el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos y respaldo político. La acusación sugiere que Rocha Moya habría llegado al poder gracias al apoyo de “Los Chapitos”, los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Por su parte, Rocha Moya ha rechazado estas imputaciones y expresado su intención de demostrar su inocencia.
En medio de esta situación, la presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado que las cuentas bancarias de Rocha Moya han sido congeladas de manera preventiva, una medida dictada por una orden de aprehensión emitida en Estados Unidos. La Unidad de Inteligencia Financiera ha aclarado que esta acción no implica una resolución definitiva ni indica responsabilidad penal, sino que es meramente administrativa.
Además, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que la seguridad de Rocha Moya ya no depende del gobierno federal, trasladándose esta responsabilidad a la policía estatal de Sinaloa. Esta declaración contrasta con informaciones previas que indicaban que el gobernador contaba con un esquema preventivo de protección federal.
La FGR también ha extendido sus citatorios al ámbito de Chihuahua, donde la gobernadora y el exfiscal estatal serán llamados para esclarecer un operativo realizado en la Sierra del Pinal. El gobierno estatal ha argumentado que los gobernadores tienen derechos de protección ante procedimientos penales, denunciando que la Fiscalía vulnera la soberanía estatal y criticando la supuesta persecución política en curso.
Con este panorama, la FGR ha subrayado su compromiso para esclarecer las responsabilidades que surgen de las investigaciones, asegurando que continuará manteniendo una comunicación transparente sobre los avances en ambos casos. La situación, que se desarrolla a medida que emergen nuevas revelaciones, pone de relieve las complejas interacciones entre política y narcotráfico en el contexto actual de México.
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