Hace seis años, los mexicanos enfrentamos una crisis que nos dejó sin gasolina durante días. La situación, que emergió en enero de 2019 debido al cierre de ductos, mostró al país paralizado, con largas filas en las gasolineras y un gobierno que negaba la gravedad del problema. Aquella pesadilla se prolongó por 13 días, pero hoy los indicios apuntan a un nuevo panorama preocupante.
En la actual crisis, los datos sobre inventarios son limitados y poco accesibles. Al finalizar la semana 18 del año, México contaba con 5 millones de barriles de gasolina. Con un consumo diario de 857 mil barriles, eso significa que los inventarios eran suficientes para solo 5.8 días. Para el mismo periodo en 2023, los registros mostraban 7.5 millones de barriles, con un consumo promedio de 730 mil. Esto nos dice que, aunque la reserva era de 10.3 días, la realidad es que la nueva refinería de Dos Bocas no ha logrado resolver los problemas de nuestra soberanía energética.
La situación es crítica: diversos reportes indican que al menos 11 entidades federativas, como Aguascalientes y Zacatecas, están experimentando un desabasto de gasolina y diésel. En el Valle de México, los inventarios apenas alcanzan para tres días, muy por debajo de los cinco días que exige la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos. A pesar de ello, el gobierno ha fallado en publicar nuevas normativas, desmantelando la infraestructura necesaria para enfrentar estas crisis.
Pemex ha optado por soluciones temporales, trasladando diésel entre diversas localidades. Esta logística de emergencia resalta que el abastecimiento normal ya no es suficiente. Las razones son múltiples. Una de ellas es el mercado global: el conflicto en Medio Oriente ha elevado el costo de importación de gasolina en casi un 59% desde febrero hasta abril, y el flete marítimo desde Estados Unidos ha pasado de 225 mil a 415 mil dólares por envío. Dado que Pemex importa el 70% del combustible que consume el país, esto plantea un déficit significativo.
La política de precios también ha contribuido. La Magna ha estado fijada en 24 pesos por litro durante más de un año, sin un decreto que respalde ese tope. El diésel, por su parte, permanece congelado en 27 pesos. Cuando los costos de importación aumentan y los precios de venta se mantienen estáticos, la situación se vuelve insostenible. Los empresarios gasolineros han comenzado a vender por encima del tope y a reducir pedidos, lo que ha llevado a cerrar algunas estaciones.
El enfoque de la administración actual se asemeja al de la anterior, priorizando a Pemex como el proveedor principal, incluso de los combustibles importados. Sin embargo, la empresa ha mostrado signos de debilidad, con interrupciones en sus terminales de almacenamiento que han ido en aumento. Mientras tanto, los importadores privados están reduciendo volúmenes, ya que operar con rentabilidad se ha vuelto complicado.
No estamos ante el colapso que se vivió en 2019, pero la situación de hoy refleja un modelo que ha limitado la capacidad de respuesta del sistema. La administración ha apostado por la seguridad energética en una empresa que enfrenta crisis constantes, fijando precios sin base legal y optando por la confrontación en lugar de buscar soluciones efectivas. La soberanía energética se mide no en discursos, sino en días de inventario, y hoy más que nunca, debemos estar atentos a los meses por venir.
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