La situación política en México ha alcanzado un punto crítico, donde la lealtad y el poder se entrelazan en un juego arriesgado para la presidenta. Este aspecto se refleja en sus frecuentes viajes a Tabasco, donde busca consejo del expresidente López Obrador, evidenciando quién tiene la autoridad en esta relación. En una reciente declaración, la presidenta afirmó que ella y Obrador son “lo mismo”, subrayando una conexión inquebrantable que ha llevado a muchos a cuestionar cómo se manejarán las crisis que se avecinan.
Durante un tiempo, existió la esperanza de que la presidenta Sheinbaum pudiera, al fin, deshacerse del pacto que vincula al gobierno de Morena con el crimen organizado. Este vínculo ha dominado el espectro político mexicano desde el nivel municipal hasta el federal. Sin embargo, esa esperanza se ha desvanecido. La presidenta ha optado por proteger a Rubén Rocha Moya—gobernador con licencia—en lugar de tomar medidas que prometieran una ruptura. Esta decisión no se basa en un deseo de respetar la soberanía nacional, sino en la previsión de futuras demandas de extradición que podrían afectar a otros funcionarios.
El pasado proceso de nominación dentro del partido Morena, donde López Obrador manipuló las elecciones a favor de Sheinbaum, plantea dudas sobre su legitimidad. Con un despliegue publicitario masivo y financiación oscura, la presidenta se ha encontrado en el centro de una tormenta de especulaciones sobre la fuente de esos fondos, incluidas posibles afiliaciones con el narcotráfico. Si se confirma esto, la credibilidad de su administración se vería seriamente afectada, desestabilizando su imagen pública y, por ende, la continuidad de Morena en el poder.
Las repercusiones de su negativa a extraditar a Rocha Moya pueden ser devastadoras. Aunque la entrega del gobernador podría costarle a su partido y a ella misma, la opción de no extraditar generará un costo nacional considerable. Bajo esta tensión, la presidenta ha comenzado a poner en práctica estrategias preventivas para mantener su control. Se ha apoderado de un discurso indigenista, posicionándose como víctima de la violencia impuesta por influjos externos, y ha promovido reformas que buscan desestabilizar la oposición a través de la restricción del intervencionismo externo, un término ambiguo que deja mucho a la interpretación.
Además, se ha observado un uso político del sistema judicial para frenar a aquellos que cuestionan su administración, distorsionando el principio de justicia con el que alguna vez se identificó el país. La brecha entre las promesas iniciales de cambio y la realidad actual se amplía, y una oposición paralizada apenas logra representar un contrapeso significativo.
México se encuentra en una encrucijada. En este delicado contexto, donde las decisiones de la presidenta pueden comprometer el futuro del país, la sociedad civil parece atrapada en una especie de letargo. La degradación de la vida pública y política avanza inexorablemente, haciendo eco de un consejo reciente: en tiempos de peligro, es crucial abrir los ojos y actuar antes de que sea demasiado tarde.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
