Los llamados bonos verdes o emisiones de deuda con criterios medioambientales superan ya los 250.000 millones de euros al año en el mercado mundial, pero suponen todavía poco más del 3% las colocaciones realizadas en total. La Comisión Europea quiere dar un impulso a ese tipo de deuda con la aprobación, por primera vez, de un reglamento comunitario que fija las condiciones para poder etiquetar como verde la emisión de un bono. Bruselas confía en que el estímulo de los bonos verdes contribuya a financiar las inversiones necesarias para lograr los objetivos de reducción de emisiones en 2030, que requieren la movilización anual de unos 330.000 millones de euros.
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Las nuevas normas, recogidas en un proyecto de reglamento que la Comisión Europea tiene previsto aprobar este martes, fijan las obligaciones que deberán asumir los emisores de la deuda etiquetada como “bono verde europeo”. El Reglamento, establece también un sistema de registro y supervisión de las compañías que actúen como auditores externos para verificar la validez de una etiqueta a la que se anticipa una creciente demanda y con unos rendimientos superiores a los de los bonos tradicionales.
El proyecto legislativo, que debe ahora ser tramitado por el Consejo y el Parlamento Europeo, prevé importantes sanciones, de hasta 200.000 euros más multas periódicas, a los verificadores que, de manera deliberada o por negligencia, incumplan sus obligaciones de rigor y neutralidad. La Comisión quiere evitar así el riesgo del ecologismo de fachada de aquellas empresas que obtengan financiación verde en el mercado pero destinen el capital a actividades dudosamente sostenibles.
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Bruselas considera, precisamente, que el crecimiento de los bonos verdes se ve todavía frenado por factores como la desconfianza de los inversores hacia una etiqueta relativamente subjetiva y por la necesidad de los emisores de buscar la certificación de varios auditores externos para intentar ofrecer ciertas garantías.
En los sectores industriales con mayor consumo de energía (desde cementeras a papeleras o siderúrgicas), las emisiones de bonos verdes son muy escasas porque las compañías temen ser acusadas de intentar camuflar el impacto medioambiental de sus actividades o de explotar una etiqueta que no se merecen.
Estándar de inversión verde
La Comisión confía en que el nuevo reglamento despeje las dudas y permita a todos los inversores adquirir bonos verdes con la garantía de que su dinero se destinará a financiar proyectos compatibles con los objetivos medioambientales de la UE. Bruselas considera que el nuevo estándar facilitará, además, que los emisores abaraten los costes de verificación y que muchas más empresas se aventuren en el mercado con el aval de la etiqueta creada en el nuevo reglamento: EuGB, siglas en inglés del bono verde europeo (European Green Bond).
El reglamento obliga a dedicar todo el capital obtenido con la emisión de deuda verde “a financiar actividades económicas que sean sostenibles medioambientalmente (…) o que contribuyan a la transformación de actividades para ser sostenibles medioambientalmente”, según el texto explicativo que precede a la norma.
Las actividades aceptables están fijadas por la taxonomía o clasificación que está desarrollando la UE para identificar los sectores con mayor potencial para contribuir a los objetivos medioambientales. Entre los primeros designados figuran energía, transporte, manufacturas y edificios. Bruselas calcula que la clasificación cubre ya al 40% de las compañías cotizadas de esos sectores, a los que se atribuye el 80% de las emisiones directas de CO₂ en Europa.
La Comisión espera que la combinación de la taxonomía y el reglamento de bonos verdes facilite la transición energética en los sectores con mayor intensidad de emisiones, que necesitarán una importante financiación para adaptarse a los nuevos niveles de reducción exigidos. La UE ha elevado del 40% al 55% el objetivo de reducción para 2030. Y se ha fijado el objetivo de cero emisiones en 2050. Bruselas calcula que solo durante esta década se requerirá una inversión de más de 330.000 millones de euros al año para financiar una transformación industrial y social de gran escala.
