La ofensiva de ETA al comienzo del nuevo milenio, específicamente en el año 2000, fue un capítulo oscuro de la historia reciente de España. Este repunte del terrorismo no puede comprenderse adecuadamente sin considerar las complejas circunstancias políticas que lo rodearon, especialmente tras el fallido alto el fuego en Lizarra, que había intentado abrir una puerta hacia la paz.
Tras un largo periodo de violencia, ETA había afirmado su estrategia a mediados de los años noventa, desarrollando la noción de la “socialización del sufrimiento”. Este enfoque radicalizado encontró aceptación en las asambleas de Herri Batasuna, que, a partir de 1995, empezaron a legitimarlo a través de una serie de atentados y secuestros significativos. Este proceso erosionó el Pacto de Ajuria Enea, un acuerdo político que había sido fundamental para el aislamiento de la organización terrorista, y que finalizó en marzo de 1998, debido a las repercusiones del asesinato de Miguel Ángel Blanco.
La presión ejercida por ETA y el auge de la violencia callejera transformaron la dinámica entre los partidos políticos vascos. El PNV, que había mantenido una postura centrada en el Estatuto de Gernika, comenzó a considerar la negociación con ETA como una vía para lograr la paz. Este cambio se vio reflejado en el Acuerdo de Lizarra de septiembre de 1998, donde se reclamaba abordar el conflicto vasco en términos de soberanía y territorialidad. En este contexto, ETA anunció una tregua unilateral, aunque el acuerdo estuvo precedido por pactos secretos que comprometían a los partidos vascos en un proyecto político nacional.
Sin embargo, esta tregua no formalizó cambios claros en el comportamiento de ETA, que no renunció a sus objetivos y mantuvo sus estructuras intactas. Durante el año de la tregua, aunque se redujeron los atentados, la violencia de baja intensidad continuó, generando una presión constante sobre la sociedad vasca. Este ambiente de ambigüedad culminó en un optimismo inicial, con el Gobierno de José María Aznar, aunque reticente, acercando a los presos de ETA a cárceles más cercanas y contemplando negociaciones, que al final se frustraron.
A medida que avanzaba el tiempo, se hicieron evidentes las tensiones subyacentes. En 1999, los atentados mortales comenzaron a resurgir. La violación de la tregua alcanzó su punto máximo con el asesinato del coronel Pedro Antonio Blanco en enero de 2000, que marcó un regreso escalofriante a una ola de violencia que acabó con la vida de veintitrés personas ese año. Este repunte del terror coincidió con un profundo desencanto social y un aumento de las heridas provocadas por el conflicto, afectando la política y los lazos entre la sociedad vasca y las instituciones del Estado.
El contexto de esta crisis se vio acompañado por una intensa polarización social, donde grupos como el Foro de Ermua y ¡Basta ya! impulsaron una respuesta contundente contra el “nacionalismo obligatorio”. Este aumento de las tensiones culminó en manifestaciones masivas que evidenciaban la profunda fractura social creada por décadas de violencia.
El regreso a la violencia y el fracaso del proceso de paz dejaron cicatrices duraderas en el tejido político y social de España, evidenciando la persistencia de un conflicto que había devorado a generaciones. A medida que la historia avanza a 2026, es fundamental estudiar estos eventos no solo para entender la lucha de Euskadi, sino también para reconocer las lecciones que aún resuenan en el presente y son cruciales para el futuro de la convivencia en paz.
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