Entre enero y abril de 2026, el gobierno mexicano destinó apenas 0.16 centavos por cada 100 pesos a la protección del medio ambiente, en un contexto donde los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes. Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en total se asignaron 5,610 millones de pesos a este rubro, lo que representa un incremento del 12.2% en comparación con el año anterior. Sin embargo, este crecimiento sigue siendo insuficiente frente a los retos ambientales actuales.
Cabe recordar que en 2025, el gasto dedicado a la protección ambiental sufrió un recorte significativo, en un intento por contener el déficit fiscal, que cerró ese año en 4.8% del Producto Interno Bruto (PIB), superando la meta del 3.9% fijada por el gobierno. Esta situación fue influenciada, en parte, por los subsidios otorgados a Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que ha generado preocupaciones sobre la priorización de los recursos.
Las cifras oficiales indican que, a nivel internacional, idealmente el gasto para la protección ambiental debería ser cercano al 3.7% del PIB. No obstante, al finalizar 2025, México solo había asignado 0.1% de su PIB a este importante sector. Este año, se estima que el gasto total en medio ambiente será de 44,064 millones de pesos, un 4% menos que el año previo, manteniendo la misma triste proporción del 0.1% del PIB.
La mayor parte de estos fondos se canalizará a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que recibirá el 83.6% del presupuesto aprobado. Otros organismos, como la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp), tendrán una participación menor, con 5.9% y 2.2% respectivamente. Este recorte en el presupuesto ambiental se da por tercer año consecutivo.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) ha subrayado la necesidad urgente de inversión en infraestructura hidráulica, considerando los drásticos cambios en los patrones de precipitación. Sin embargo, existe una contradicción evidente entre las ambiciosas metas en desarrollo sostenible y transición energética y la continua disminución del gasto en áreas cruciales. Esto refleja una falta de alineación entre los planes y la capacidad real de financiar y alcanzar esos objetivos.
Este escenario plantea la inquietante posibilidad de que México no logre cumplir sus compromisos ambientales, lo que podría resultar en un debilitamiento de las instituciones encargadas de la regulación, vigilancia y conservación. Las metas establecidas parecen quedar relegadas a meras declaraciones, mientras que los presupuestos no garantizan el financiamiento necesario para lograr resultados satisfactorios.
Es fundamental que se aborde esta situación con seriedad, ya que el futuro medioambiental del país y de su población depende de decisiones financieras que hoy parecen escasas. La inversión en el medio ambiente no solo es un imperativo ético, sino también una necesidad estratégica para la seguridad y el bienestar de las generaciones futuras.
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