Nacionalismos engañosos versus hechos concretos

En un inesperado giro político, los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón han resurgido de su retiro para sumarse a la campaña “Yo con Maru”. Este gesto ha influido en el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, alargando su sombra sobre el escenario político, se ha manifestado con “Yo con Rocha Moya”. Sin embargo, tras este espectáculo político, se esconde una realidad inquietante que ha llevado a la nación a un estado crítico.

La palabra “soberanía”, utilizada por la retórica oficial, se ha convertido en un escudo para evadir las drásticas realidades impuestas por el crimen organizado. Las organizaciones criminales han infiltrado la sociedad, con operaciones que trascienden el narcotráfico y expresiones evidentes de colusión con el poder político. La actual administración se limita a una respuesta defensiva que desdibuja la magnitud del problema.

Un análisis revela que esa retórica, lejos de ser efectiva, resulta en una simplificación peligrosa de un fenómeno mucho más amplio. López Obrador, en su más reciente carta, ha optado por politizar lo que debería ser una prioridad urgente, utilizando proclamas ideológicas mientras la violencia desangra al país. Este enfoque no solo es insostenible, sino que es un grave error estratégico.

Los datos oficiales y de organismos internacionales pasan desapercibidos en este discurso. De acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz, el costo de la violencia en México asciende a alrededor de 4 billones de pesos anualmente, lo que representa un 11% del Producto Interno Bruto (PIB). Este “impuesto invisible” se traduce en una carga de aproximadamente 30,000 pesos por cada ciudadano mexicano. En regiones donde la infiltración del crimen es más evidente, como Guerrero, Morelos o Sinaloa, este costo puede devorar hasta un 20% del PIB local.

La economía criminal, además, se estima que representa un 3.5% del PIB. Esta cifra es significativa, pues muestra que los cárteles no son simplemente bandas delictivas, sino verdaderas corporaciones que compiten con el Estado, muchas veces con protección política.

Un importante aspecto a considerar es cómo la situación en México ha tenido repercusiones en el otro lado de la frontera. El Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca sugiere que la crisis de los opioides, alimentada por el narcotráfico mexicano, le cuesta a Estados Unidos alrededor de 2.7 billones de dólares anuales, considerando pérdida de productividad, costos sanitarios y una alarmante tasa de mortalidad que afecta a cerca de 75,000 personas anualmente. Esta crisis debería ser motivo de preocupación y, de ser datos aplicables a México, resultaría en una cuestión de seguridad nacional ineludible.

La gravedad de la situación no puede ignorarse. La frivolidad de minimizar el problema para mantener una narrativa política solo fortalece a los grupos criminales que azotan al país. Un enfoque centrado en las verdaderas prioridades —vidas y economía— podría motivar al gobierno mexicano a reconsiderar su postura de aislamiento.

Si se busca realmente una solución eficaz, es imperativo unir fuerzas con Estados Unidos, pero no en términos militares. La colaboración en inteligencia, finanzas y persecución judicial sería fundamental para combatir este fenómeno que afecta a ambas naciones. La esperanza de un cambio real solo puede surgir cuando se reconozca que el verdadero enemigo no es solo el crimen, sino la inacción frente a esta crisis monumental.

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