No se puede comparar la promesa de un hospital en campaña a la certeza de un pacto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Esta organización, a cambio de votos, ha conseguido que se replantee la Ley del ISSSTE del 2007, intentando regresar al viejo sistema de pensiones, algo que, sin embargo, ha demostrado ser financieramente insostenible para el actual gobierno. La reversión de dicha reforma podría generar un boquete fiscal de dimensiones alarmantes, equivalente a 20 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
Este contexto subraya un giro necesario hacia la sensatez financiera, un contrapeso al populismo que caracteriza la Cuarta Transformación. Aunque se reconoce que la idea de una aseguradora pública de pensiones podría ser una solución, persiste la inquietud de que podría resultar más costosa que la crisis actual. La incapacidad del gobierno para aplicar la ley en este aspecto plantea interrogantes sobre el verdadero costo de esta situación, especialmente ante el chantaje político.
La contradicción en la respuesta del gobierno, al afirmar que “no hay dinero” para el ISSSTE, resalta un despilfarro institucionalizado en el sexenio anterior. La disciplina fiscal se perdió tras decisiones que mermaron la confianza pública y afectaron el presupuesto. La cancelación del Aeropuerto de Texcoco, por ejemplo, implicó una pérdida inmediata de 1.3 puntos del PIB en bonos y contratos cancelados, además del impacto en la infraestructura logística que el país necesitaba, especialmente en el contexto de eventos internacionales. En contraste, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ha resultado poco útil y gravemente subsidiado.
Por otro lado, la refinería de Dos Bocas ha visto sus costos duplicarse, alcanzando los 17,000 millones de dólares, lo que representa un 0.8 puntos del PIB. A su alrededor, la opacidad sobre su funcionamiento no hace más que acentuar la inquietud respecto a su viabilidad. Los costos de proyectos como el Tren Maya y el Transístmico superan los medio billón de pesos, reflejando una ejecución presupuestal que ha generado tensiones adicionales.
El impacto de estas decisiones se extiende más allá de los números; ha habido un deterioro en el tejido productivo y social del país. La contrarreforma energética, al paralizar la inversión privada, ha costado al país otros 2 puntos del PIB. Pemex, con problemas financieros persistentes, se ha convertido en una carga para las finanzas públicas, mientras el gobierno ha dejado de buscar soluciones efectivas.
Finalmente, la desaparición del Seguro Popular y las estancias infantiles ha transferido un alto costo a los hogares, debilitando aún más el bienestar social. La fragilidad del estado de derecho, derivada de la destrucción de organismos autónomos, ha incrementado la prima de riesgo del país.
La CNTE, creada en parte por promesas del propio gobierno, amenaza hoy con ejercer un chantaje financiero que tiene repercusiones políticas y sociales de gran magnitud. Este complicado entramado político dejó claro que si bien los votos pueden obtenerse a través de compromisos, la factura a pagar podría ser demasiado elevada para un país que ya enfrenta retos económicos considerables.
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