La reciente asignación de 7,411 megawatts en 37 parques dentro del esquema de contratos mixtos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha marcado un hito significativo en el sector energético de México. Miguel Ramírez Bocanegra, consultor de Bora Energy, ha celebrado este avance, describiéndolo como un “despertar de la oscuridad que duró 2,000 noches”, tras ocho años de inactividad. Este proceso tuvo un costo estimado de alrededor de 45 dólares por megawatt hora, una cifra que aunque benéfica para los privados, representa una gran noticia para el gobierno, que obtiene infraestructura energética sin necesidad de inversión.
A pesar de que los resultados del último fallo no han sido oficialmente divulgados, la industria confía en que los precios para energía eólica y fotovoltaica se establecieron en torno a los 45 dólares por megawatt hora. Esta cifra se contrasta con los proyectos rechazados, que rondaban los 100 dólares por unidad, subrayando la competitividad del mercado. Además, se hace referencia a los precios de 20 dólares por megawatt hora alcanzados en anteriores subastas, situaciones que parecen estar lejos de repetirse.
El esquema de contratos mixtos presenta beneficios evidentes para los inversionistas privados, asegurando la demanda garantizada por parte del gobierno, considerado el comprador más serio en el mercado. Este acuerdo resulta, además, favorable para la CFE, que se hace de infraestructura propia y energía renovable sin costo alguno.
Aparte del análisis económico, Ramírez Bocanegra también señalaba que el gobierno ha desbloqueado 10 gigawatts de energía renovable en el país, apoyándose en la inversión privada, lo que se percibe como un avance notable en la política energética. La construcción de los parques, con un costo aproximado de 1 millón de dólares por megawatt, tiene como expectativa un retorno de inversión en 10 años a través de contratos de venta de energía firmados por 25 años.
Sin embargo, es relevante mencionar que solo se ha asignado un 25% de las necesidades planteadas para energía eólica. Esta limitación se debe a la complejidad de las construcciones y a que requieren pruebas en el sitio de instalación, un proceso detenido durante la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y la ex secretaria de Energía Rocío Nahle.
Asimismo, el abandono del proyecto termosolar de 100 megawatts en Baja California Sur refleja la falta de interés de la industria en proyectos complicados, especialmente cuando la energía fotovoltaica se presenta como una opción más accesible, como lo evidencian los 6,710 megawatts adjudicados frente a un requerimiento de 3,550 megawatts.
De cara al futuro, las autoridades han indicado que habrá un segundo proceso para contratos mixtos, donde se anticipa una mayor inversión en energía eólica. La industria espera al menos seis procesos de este tipo en total, que incluirán convocatorias para permisos prioritarios, de los cuales ya se ha concluido uno que abarca 17 plantas para generar 3,300 megawatts. También se prevé el anuncio de otro proceso que definirá capacidades esperadas, así como dos nuevas licitaciones.
Este panorama anuncia un renacer en el sector energético mexicano, con promesas de inversiones significativas y un fenómeno de colaboración entre el sector privado y el gobierno, que vislumbra un cambio en la dirección de la energía renovable en el país.
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