La economía mexicana enfrenta un complejo panorama, marcado por una contracción del PIB por habitante que se prolonga por segundo año consecutivo. Según las proyecciones de la OCDE, se espera que en 2026 el PIB crezca apenas un 0.8%, lo que implicaría una caída del 0.4% en el PIB per cápita. Esta situación es el reflejo de un entorno económico que no logra desarrollarse a la par de su población, que sigue creciendo a una tasa baja.
Desde el anterior sexenio, las decisiones de política económica han generado un impacto negativo significativo. La discusión sobre la cancelación del aeropuerto en Texcoco se ha traducido en una serie de decisiones erróneas que desincentivan la inversión privada. Proyectos de inversión pública, como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, gozan de una tasa de rentabilidad social negativa, lo que en lugar de generar riqueza, la disminuye. Estas iniciativas, además, afectan las finanzas públicas, al ser deficitarias.
Otra cuestión crítica es el apoyo incondicional a PEMEX, que continúa siendo deficitaria sin abordar sus problemas estructurales. Simultáneamente, la política energética ha discriminado a la inversión privada y ha fallado en garantizar el abasto de energía a bajo costo, elementos que desmotivan aún más la inversión.
El costo de allanar el camino para un ejercicio autoritario del poder ha sido, quizás, aún más significativo. La eliminación de múltiples órganos autónomos, junto con la captura de instituciones electorales y la reforma judicial que ha afectado la independencia del Poder Judicial, ha erosionado la certeza jurídica en el país. Estas acciones han reducido la confianza de los inversionistas y han mermado la garantía de derechos fundamentales, incluidos los derechos de propiedad.
En un contexto alarmante, la inversión ha caído durante 19 meses consecutivos, lo que significa que la formación bruta de capital se encuentra en un estado de estancamiento, e incluso de decrecimiento. La productividad laboral, por su parte, ha registrado caídas significativas, con un descenso del 5% en el sector industrial y del 8% en el sector servicios desde 2019. La falta de inversión, combinada con una productividad laboral en declive, ha sido la fórmula perfecta para una economía en parálisis.
El sector informal, que emplea al 30% de la población ocupada, también juega un papel en este estancamiento. Estas unidades económicas, aunque operen de manera legal, suelen ser pequeñas, altamente ineficientes y con tecnología desactualizada. Su existencia no solo representa una competencia desigual para las empresas formales, sino que también contribuyen a una baja inversión en el país.
La calidad del sistema educativo deteriorado —agravada por la cancelación de la reforma educativa de 2013— es otro factor que limita el crecimiento. La falta de inversión en la formación del capital humano genera una mano de obra poco calificada, dificultando la inserción laboral y desincentivando la adopción de nuevas tecnologías.
En conclusión, el gobierno ha creado un marco institucional que permite la concentración del poder, pero a un alto costo para el crecimiento económico. Sin medidas claras para revertir esta situación y fomentar la inversión, el camino hacia un desarrollo sostenible se ve extremadamente incierto.
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