El parlamento húngaro ha dado un giro significativo al aprobar una enmienda constitucional que limita el mandato acumulado del primer ministro a un máximo de ocho años. Esta legislación, que entrará en vigor retroactivamente, tiene como objetivo impedir el regreso al poder de Viktor Orbán, quien gobernó durante 16 años consecutivos hasta su derrota electoral en abril de 2026.
La votación, llevada a cabo por la Asamblea Nacional, resultó en 135 votos a favor, 50 en contra y seis abstenciones. El partido gubernamental Tisza, dirigido por el nuevo primer ministro Péter Magyar, cuenta con más de dos tercios de los escaños, lo que le permitió aprobar esta reforma sin necesidad de un referéndum. La nueva normativa estipula que cualquier persona que haya ocupado el cargo de primer ministro durante un total de al menos ocho años no podrá ser reelecta, aplicándose a partir del 2 de mayo de 1990, fecha que marca el fin del régimen comunista en el país.
Con 20 años en el cargo distribuidos en cinco mandatos desde 1998, Orbán queda excluido de cualquier postulación futura bajo esta nueva norma. Durante su reciente campaña electoral, Magyar prometió erradicar lo que él considera el “régimen mafioso” de su predecesor, argumentando que la permanencia indefinida en el poder propicia la corrupción del sistema político. A pesar de que Tisza defiende la medida como una norma que no afecta retroactivamente de manera estricta, la oposición, encabezada por el partido Fidesz de Orbán, ha criticado esta enmienda como un intento de excluir a una única persona y de limitar la voluntad popular.
Aunque la reforma casi sella el futuro político de Orbán, no es irreversible; una mayoría parlamentaria futura podría derogar esta enmienda a través de otra modificación constitucional. Esta es la decimosexta enmienda a la Ley Fundamental de Hungría desde su adopción en 2011.
Además de esta enmienda, la Asamblea Nacional aprobó una segunda reforma que disuelve la base constitucional de la Oficina de Defensa de la Soberanía Nacional, un organismo creado por Orbán en 2024, que había sido criticado por sus amplias facultades de investigación y su enfoque en medios independientes y organizaciones no gubernamentales.
El parlamento también está previsto que evalúe un proyecto para disolver formalmente dicha oficina, lo cual requirió previamente la eliminación de la disposición constitucional que exigía un ente independiente que salvaguardara la identidad constitucional del país. Entre otras medidas, el nuevo gobierno de Magyar planea una modificación legal que permitirá destituir al presidente de la república, Tamás Sulyok, un proceso que aún está en desarrollo.
Finalmente, se anticipa que los próximos meses serán cruciales para el partido en el poder, ya que también debatirán enmiendas exigidas por la Comisión Europea para liberar fondos comunitarios que fueron suspendidos debido a preocupaciones sobre la erosión de la democracia y el estado de derecho en Hungría. En este contexto político cambiante, la gestión del nuevo gobierno será observada de cerca, mientras los desafíos de gobernabilidad y la respuesta de la ciudadanía se convierten en temas centrales en la agenda nacional.
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