En un giro significativo de los acontecimientos políticos en Coahuila, el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía Berdeja, ha formalizado una demanda de juicio político contra el gobernador de la entidad, Manolo Jiménez Salinas, y el fiscal general, Federico Fernández Montañez. Esta acción surge a raíz de las alegaciones de compra ilegal de votos que habrían ocurrido durante las elecciones del 7 de junio, en las que se renovó el congreso local.
Mejía Berdeja ha apuntado que alrededor de 450,000 votos fueron objeto de compra en esta jornada electoral, con un costo estimado de 600 pesos por cada voto. Este cálculo lleva a un total aproximado de 270 millones de pesos, lo que ha encendido alarmas sobre posibles irregularidades financieras. En este contexto, el legislador ha solicitado la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigar los movimientos monetarios asociados, advirtiendo sobre la posible existencia de lavado de dinero. También ha enfatizado la necesidad de la participación de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, con el objetivo de auditar recursos que, según él, exceden los límites establecidos de gastos de campaña.
El diputado del PT no ha escatimado en sus denuncias, subrayando que “no hay elecciones en Coahuila, sino un vil fraude electoral”. La indignación crece al mencionar supuestas directrices del gobernador para que las fuerzas del orden estatal llevaran a cabo actos de represión, que incluyen la “golpiza, secuestro y tortura” de candidatos y activistas de Morena y del propio PT. La solicitud de Mejía Berdeja también incluye un llamado a que se tramite el juicio político contra el dirigente del PRI, Alejandro Alito Moreno, quien ha sido criticado por su participación en lo que el legislador califica como un “robo descarado”.
Esta serie de eventos destaca un ambiente de intensa polarización y desconfianza en el sistema electoral de Coahuila, un estado donde las responsabilidades e irregularidades tienen repercusiones que van más allá de las elecciones y afectan a la sociedad en su conjunto. Con la creciente presión para una investigación a fondo, es probable que el desarrollo de este caso siga atrayendo la atención de la opinión pública y de las autoridades correspondientes.
Específicamente, en este contexto, el papel de las instituciones electorales y de justicia será crucial para restaurar la confianza en el proceso democrático y asegurar que las irregularidades, de confirmarse, no queden impunes.
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