Una nueva legislación implementada por el régimen talibán en Afganistán ha levantado preocupaciones sobre los derechos de las mujeres y las niñas en el país. Esta normativa, que entró en vigor el pasado mes de mayo, permite que niñas tan jóvenes como diez años puedan ser obligadas a casarse, un retroceso significativo en la lucha por la protección de los derechos infantiles.
El nuevo código de familia talibán no solo elimina las salvaguardias que previamente establecían una edad mínima para el matrimonio, sino que también limita las opciones de divorcio para las mujeres. Según Zahra Nader, editora en jefe de Zan Times, un medio afgano dirigido por mujeres y exiliado en Canadá, esta legislación busca regular la vida familiar de modo que una niña casada quede atrapada en esa situación sin posibilidad de escape.
Las familias afganas, aquejadas por una crisis económica severa, a menudo se ven presionadas a “vender” a uno de sus hijos en un intento de sostener a los demás, y el matrimonio infantil emerge como una vía común para ello. Shahrzad Akbar, fundadora de la organización de derechos humanos Rawadari, destaca que esta ley redefine lo que significa ser un niño, considerando solo a aquellos menores de nueve años como tales. Esta interpretación es alarmante, ya que permite formar matrimonios a edades que antes no eran aceptadas, revirtiendo las protecciones que se habían establecido antes de la llegada de los talibanes.
La decisión de agudizar las restricciones sobre las mujeres afganas llega en un contexto marcado por la exclusión de estas del acceso a la educación secundaria y una creciente limitación de su movilidad y capacidad laboral. Según UNICEF, más de un millón de niñas afganas se han visto excluidas de la educación secundaria desde 2021. La cifra podría superar los dos millones hacia 2030 si estas restricciones continúan. Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, ha advertido que el país no puede permitirse perder a las futuras profesionales esenciales que sustentan los servicios básicos.
Además, Akbar advierte que la reducción del acceso de las mujeres a la educación y al trabajo generará un empobrecimiento aún mayor de la sociedad afgana, intensificando la dependencia del país de la ayuda humanitaria internacional. En este contexto, se anticipa un incremento de matrimonios infantiles, familias más numerosas y una creciente presión sobre el sistema de salud, que ya enfrenta un déficit de personal médico femenino.
Fereshta Abbasi, investigadora de Human Rights Watch, resalta que este camino conducirá a que la próxima generación de afganos “ya no recordará lo que era normal”, sumergiendo a la sociedad en una misoginia extrema. Abbasi también critica la reciente invitación de la Unión Europea a representantes talibanes para entablar diálogos en Bruselas, mientras que las mujeres afganas enfrentan restricciones severas que limitan su libertad de movimiento.
Aunque algunos diplomáticos y funcionarios internacionales inicialmente subestimaron la gravedad de las restricciones impuestas por los talibanes, los cinco años transcurridos desde su regreso al poder han demostrado que tales medidas son parte de un “sistema cohesivo de gobierno y opresión”. Esta situación plantea la preocupación de que temas como la cooperación antiterrorista y los intereses económicos sean priorizados en la agenda internacional sobre la defensa de los derechos de las mujeres.
Es imperativo que la comunidad internacional preste atención a la compleja realidad que enfrentan las mujeres afganas en este contexto y actúe para asegurar que sus derechos fundamentales sean respetados y protegidos.
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