La revisión formal del T-MEC comenzará el 1 de julio, pero las negociaciones ya han estado en marcha desde finales de mayo. Durante la primera ronda bilateral entre México y Estados Unidos, que tuvo lugar del 27 al 29 de mayo en Washington, y la segunda, que concluyó recientemente en la misma ciudad, se han evidenciado las tensiones que marcarán este proceso. Una tercera ronda está programada para el 20 de julio en la Ciudad de México, donde las partes buscarán abordar las complejidades que rodean este acuerdo comercial vital.
Sin embargo, este proceso no se inicia en un ambiente de calma. En los meses previos, la presión política ha ido en aumento, y se presenta con tres temas críticos que no están formalmente incluidos en las negociaciones: el fentanilo, la migración y el temor de Estados Unidos a que China utilice a México como un acceso indirecto a su mercado.
Desde la cumbre del G7 en Evian, Francia, el expresidente Donald Trump lanzó una acusación que resonó en la comunidad internacional, afirmando que “los cárteles controlan totalmente México”. Esta narrativa ha contribuido a posicionar a México como un “Estado fallido”, un estigma que no solo afecta su imagen ante inversores, sino que también complica su posición en la mesa de negociación.
El actual vicepresidente, JD Vance, intensificó esta narrativa al señalar que Estados Unidos podría considerar acciones militares en México si este país no controla el tráfico de armas y fentanilo. Comentó de manera contundente que “nos reservamos ese derecho”, lo que pone de relieve una postura unilateral que podría tener consecuencias serias en las relaciones bilaterales.
Ante estas afirmaciones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha buscado mantener la calma y la firmeza. En declaraciones recientes, enfatizó que “no es opción” permitir que fuerzas estadounidenses intervengan en el país. Recordó que ha mantenido una postura clara y firme en conversaciones anteriores con Trump, reiterando que México no se sometió a ninguna autoridad externa. Sin embargo, el silencio sobre los comentarios de funcionarios estadounidenses fortalece la percepción negativa sobre la capacidad de México para gobernar su propio territorio.
Con la revisión del T-MEC a la vuelta de la esquina, México se enfrenta a una confluencia de presión. No solo debe lidiar con la inminente revisión y la amenaza de que Estados Unidos no renueve el acuerdo, sino también con un entorno de seguridad en el que el país vecino se reserva el derecho de actuar de forma unilateral. La situación se complica aún más por un panorama económico poco alentador, con un crecimiento del PIB proyectado en solo 1.1% para 2026, de acuerdo con datos del Banxico.
La pregunta que se impone es cómo responderá el gobierno mexicano ante estas amenazas, en un escenario donde cada decisión debe equilibrar la dignidad nacional y la necesidad de negociar. La historia de las relaciones entre ambos países ha mostrado que las crisis pueden ser superadas, pero esta vez, los desafíos se presentan de manera simultánea y con un trasfondo que podría dificultar la resolución.
Las próximas semanas serán cruciales. Cada movimiento en este complejo tablero geopolítico podría definir el futuro del T-MEC y, por ende, el rumbo económico y social de México en una coyuntura crítica.
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