Amenos de quince días de que entre en vigor el nuevo incremento a las tarifas del transporte público en Morelos, la realidad vuelve a imponerse sobre los discursos oficiales. Los usuarios siguen esperando las mejoras prometidas, las autoridades guardan silencio y los concesionarios parecen haber ganado una vez más la partida. Lo más grave no es únicamente el aumento al costo del pasaje, sino la evidente falta de cumplimiento de los compromisos que justificaron dicho incremento.
Cuando el gobierno estatal autorizó el ajuste tarifario, la principal condición clara fue que los transportistas debían modernizar sus unidades, mejorar el servicio, garantizar mejores condiciones de seguridad y ofrecer un transporte digno para miles de ciudadanos que diariamente dependen de este sistema para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas y actividades cotidianas.
Sin embargo, a escasos días de que se cumpla el plazo establecido, basta recorrer las calles de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Cuautla, o cualquier otro municipio, para comprobar que prácticamente nada ha cambiado. Las mismas unidades viejas, deterioradas y muchas veces inseguras continúan prestando el servicio. Los usuarios siguen enfrentando problemas de sobrecupo, falta de mantenimiento, malas condiciones mecánicas y escasa supervisión.
¿Quién engañó a quién?, es la pregunta inevitable, porque si los concesionarios aceptaron compromisos para obtener un beneficio económico y ahora no los cumplen, estamos frente a una falta de respeto hacia los ciudadanos y hacia el gobierno. Pero si las autoridades no son capaces de exigir el cumplimiento de esos acuerdos, entonces la sociedad tiene derecho a preguntarse quién ejerce realmente la autoridad en materia de transporte.
La historia del transporte público en Morelos ha estado marcada por una relación compleja entre gobiernos y concesionarios. Durante décadas, las administraciones estatales han evitado confrontaciones directas con los líderes transportistas debido al enorme poder político y de movilización que han acumulado. No son pocos los gobernadores que han preferido negociar antes que aplicar la ley.
Las concesiones del transporte público son, en esencia, permisos otorgados por el Estado para prestar un servicio que pertenece a la sociedad, y no son propiedad absoluta de quienes los operan. El gobierno tiene la facultad legal de establecer condiciones, supervisar su cumplimiento e incluso revocar concesiones cuando se incumplen los requisitos establecidos, por eso resulta difícil entender cómo algunos líderes transportistas parecen actuar con total impunidad. El mensaje que se envía a la ciudadanía es preocupante: se aumenta la tarifa, pero no se mejora el servicio; se hacen compromisos públicos, pero nadie responde cuando no se cumplen.
La indignación de los usuarios tiene fundamento. Durante años se les ha pedido comprensión frente a los aumentos en combustibles, refacciones y costos de operación. Los ciudadanos han aceptado incrementos bajo la promesa de que el servicio mejoraría; sin embargo, los resultados rara vez han estado a la altura de las expectativas.
Hoy el problema adquiere una dimensión política importante. La gobernadora ha insistido en distintos foros sobre la necesidad de modernizar la movilidad en el estado. El discurso es correcto y la intención parece legítima; sin embargo, el éxito o fracaso de esa política dependerá de la capacidad real de hacer cumplir la ley.
Si los transportistas se comprometieron a la renovación de unidades, deben cumplir. Si existen plazos establecidos, éstos deben respetarse. Y si alguien decidió ignorar los acuerdos alcanzados, deben existir consecuencias claras; de otra manera, cualquier negociación futura perderá credibilidad.
No se trata de confrontar al sector transportista ni de desconocer las dificultades económicas que enfrenta. Es evidente que muchos concesionarios atraviesan problemas financieros derivados de los altos costos de operación, pero una cosa es reconocer esas dificultades y otra muy distinta aceptar el incumplimiento de compromisos adquiridos.
Los ciudadanos merecen respeto. Cada peso adicional que pagan en el transporte representa un esfuerzo para miles de familias cuyos ingresos apenas alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Por eso resulta inaceptable que se les exija más dinero sin ofrecerles un mejor servicio a cambio.
El Coordinador de Transporte y las autoridades responsables enfrentan una prueba decisiva; si permiten que los acuerdos queden en letra muerta, correrán el riesgo de ser vistos como simples funcionarios administrativos incapaces de ejercer autoridad. En cambio, si hacen valer las condiciones pactadas, enviarán una señal de que en Morelos la ley se cumple y los compromisos se respetan.
Todavía hay tiempo para corregir el rumbo, pero el reloj avanza. Los próximos días serán determinantes para conocer si las promesas realizadas durante la negociación tarifaria fueron serias o si sólo formaron parte de una estrategia para justificar un aumento que hoy parece cada vez más difícil de defender.
La ciudadanía observa. Los usuarios esperan respuestas. Y el gobierno tiene la oportunidad de demostrar que la autoridad no se ejerce únicamente mediante discursos o anuncios, sino mediante acciones concretas que garanticen que quienes reciben beneficios públicos también cumplan con sus obligaciones, porque de lo contrario, una vez más, quienes terminarán pagando los costos serán los ciudadanos, mientras los responsables continúan viajando cómodamente sobre las viejas rutas de la impunidad. ¿No cree usted?
