El reciente avance en la legislación de derechos de autor en Japón marca un hito importante para músicos y productores a nivel global. El 17 de junio de 2026, el parlamento japonés aprobó una enmienda al Copyright Act que, por primera vez en la historia del país, garantiza un derecho de remuneración a intérpretes y sellos discográficos cada vez que sus grabaciones suenen en espacios públicos como cafeterías, tiendas, hoteles y gimnasios.
Hasta ahora, la normativa solo beneficiaba a compositores, autores y editores, quienes recibían un pago por el uso de la música en estos lugares, mientras que los intérpretes y las discográficas quedaban despojados de cualquier compensación, ya fuera en Japón o en el extranjero. El nuevo marco legal introduce lo que el gobierno ha bautizado como “derecho de interpretación y comunicación musical”. Esta innovadora medida se alinea con los derechos de autor tradicionales, ya que hasta 2002, los royalties por música de fondo solo eran percibidos por compositores y autores.
La reforma es especialmente significativa porque busca fomentar el crecimiento de la música japonesa en el extranjero, un sector que, según el Ministerio de Educación y Cultura, había permanecido estancado, dejando a los artistas locales sin ingresos cuando sus canciones se reproducían internacionalmente. Al establecer esta nueva indemnización, el país espera no solo revertir esta situación, sino también integrar mejor a los artistas japoneses en el mercado global.
Bajo esta nueva legislación, una entidad designada por el Comisionado de la Agencia de Asuntos Culturales será responsable de la recolección de estas tarifas y de su posterior distribución entre los titulares de derechos. Esta organización deberá publicar una lista de tarifas de uso secundario y podrá entablar negociaciones con quienes utilicen la música. Si no logran llegar a un acuerdo, cualquiera de las partes podrá solicitar una resolución al Comisionado.
Este sistema de compensación no es nuevo a nivel internacional; se remonta a la Convención de Roma de 1961, que establece un derecho equitativo de pago para intérpretes y productores cada vez que sus grabaciones se transmiten al público. Sin embargo, Japón, al igual que Estados Unidos, había sido uno de los pocos países que no habían adoptado esta práctica, aunque la mayoría de los miembros de la OCDE ya la implementan. Esta situación resultó en que, hasta ahora, Japón no compensara a sus intérpretes cuando sus grabaciones sonaban en locales de otros países.
Japón, que representa el segundo mercado mundial en la industria de la música grabada y el principal en formatos físicos, ha visto un resurgimiento de sus ingresos en este sector, con un aumento del 8.9% en 2025, impulsado por artistas que han comenzado a alcanzar audiencias más allá de sus fronteras, como YOASOBI y Fujii Kaze.
El avance de esta legislación también está en consonancia con los acuerdos de asociación económica de Japón con la Unión Europea y el Reino Unido, donde se discutió la protección de estos derechos. Según Catherine Lovrics, socia de la firma de propiedad intelectual Marks & Clerk, este cambio acerca aún más a los artistas japoneses al ámbito internacional.
La enmienda a la ley se había estado gestando durante años; el Consejo Cultural de Japón comenzó a examinar este derecho en 2023, impulsando su aprobación por el gabinete el 15 de mayo. Con su ratificación por parte de la Cámara de Consejeros, la nueva regulación entrará en vigor en un plazo de tres años, tras lo cual se establecerán las tarifas a cobrar.
Este desarrollo es un paso significativo que promete impactar positivamente tanto a los creadores de música en Japón como a su proyección internacional.
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