El gobierno federal ha anunciado con gran entusiasmo la inclusión de más de un millón y medio de trabajadores de plataformas digitales, como repartidores de Rappi y conductores de Uber, en el padrón del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta declaración resuena como un avance significativo hacia la formalización y protección de un sector que Traditionally operaba en la informalidad. Sin embargo, detrás de esta narrativa se oculta una realidad más preocupante y compleja.
A cierre de mayo de 2026, de los 1.554.053 trabajadores reportados como “beneficiados” por la reforma, solo 197,131, es decir, el 12.7%, superaron el ingreso neto mensual equivalente a un salario mínimo; un requisito esencial para acceder a los distintos seguros que ofrece el IMSS. Esto significa que el 87.3%, correspondiente a 1.356.922 personas, se encuentra en una situación descrita como “vigente sin derecho a servicio”. En términos sencillos, aunque están registrados, no pueden recibir atención médica.
Este fenómeno no es un simple error administrativo, sino una falla de diseño que expone las deficiencias del sistema. Las plataformas digitales realizan el registro formal de sus colaboradores, blindándose ante posibles multas e inspecciones, mientras que el IMSS contabiliza cada alta como una incorporación efectiva a la seguridad social. En consecuencia, los datos institucionales se ven cumplidos, pero los trabajadores descubren la dura realidad cuando intentan acceder a servicios médicos: su registro no les garantiza atención.
La situación se complica aún más para aquellos que intentan acceder a servicios estatales de salud. Estos trabajadores enfrentan un segundo obstáculo burocrático: los sistemas de salud pública exigen una Constancia de No Derechohabiencia del IMSS, que certifique que la persona no cuenta con seguridad social. Sin embargo, quienes están registrados con un patrón activo no pueden obtener este documento, atrapándolos en una zona gris de la atención médica.
Para muchos, esto puede parecer una mera complicación administrativa, pero para quienes padecen enfermedades crónicas, como diabetes o cáncer, conlleva la interrupción de tratamientos vitales. Imaginemos a un paciente en hemodiálisis, que, debido a su registro en el IMSS, se ve imposibilitado de continuar su atención en un hospital público. Desde esa perspectiva, el ciclo burocrático se convierte en un sistema que niega el acceso a la salud.
La reforma laboral destinada a trabajadores de plataformas digitales surgió de la necesidad de reconocer y garantizar derechos básicos a un grupo vulnerable. No se puede negar la importancia de establecer un piso mínimo de protección social, pero el fallo radica en cómo se implementa y se comunica esta reforma. Publicitar 1.5 millones de afiliados sin aclarar que una gran mayoría no tiene acceso real a los servicios es, al mínimo, engañoso.
A medida que se cierran los plazos para presentar reformas sustanciales, queda poco tiempo para remediar estas deficiencias. La urgencia radica en lo clínico y no en lo político; los trabajadores continúan enfrentándose a un sistema que los rechaza en múltiples niveles. La falta de atención médica no solo afecta a aquellos que están en condiciones crónicas, sino que genera costos que repercuten negativamente en sus familias y en los sistemas locales de salud.
El llamado a las autoridades es claro: es imperativo establecer mecanismos que permitan a los trabajadores reconocidos, pero sin acceso efectivo a servicios, acceder a alternativas de atención pública. El IMSS debe adoptar un algoritmo que facilite la emisión de constancias que reflejen la situación real de estos trabajadores y les permita así acceder a los servicios correspondientes.
La seguridad social no se mide simplemente por cifras en un padrón, sino por la capacidad real de proteger a los ciudadanos en momentos de necesidad. Un registro sin acceso a la atención es solo un dato burocrático. El Estado mexicano tiene la responsabilidad de asegurar que sus ciudadanos no solo sean números, sino que reciban la protección que necesitan.
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