Entre enero y el 15 de mayo de 2026, el gobierno estadounidense ha expulsado a México un promedio de 39 migrantes extranjeros diariamente, lo que equivale a casi dos por hora. Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM), durante este período se ha detectado un total de 5,007 migrantes de diversas nacionalidades, un movimiento que ha generado una serie de alarmantes reflexiones sobre la situación migratoria en la región.
De estos migrantes, la mayoría proviene de América Latina. Encabezan la lista los cubanos, con 2,248 expulsiones (45%), seguidos de venezolanos (1,894), guatemaltecos (254), nicaragüenses (168), salvadoreños (159), hondureños (146) y haitianos (116). De modo interesante, el INM también reportó 22 casos adicionales de migrantes de otras nacionalidades, aunque omitió especificar cuáles.
Desglosando los datos, la mayoría de los expulsados fueron hombres (4,203), mientras que 804 eran mujeres. En términos de edad, la gran mayoría tenía 18 años o más, con solo 105 casos de menores de edad. Este fenómeno ha suscitado preocupación, especialmente considerando que el 44% de los migrantes deportados fueron enviados a Tamaulipas, un estado que lamentablemente es conocido por la violencia que afrontan las personas en situación de movilidad. Otros estados que recibieron expulsiones son Chihuahua (21.5%), Sonora (21%), Baja California (11.5%) y Coahuila (2%).
El mes de enero marcó un pico alarmante, con 2,442 expulsiones, y las cifras han ido en descenso desde entonces. En un contexto más amplio, comparando los datos históricos, se observa una disminución en las expulsiones en 2026 respecto a 2025, aunque los niveles actuales son similares a los de 2024. Para el primer cuatrimestre del 2025 se registraron 7,076 migrantes expulsados, mientras que en el mismo período de 2026 se reportan 4,669, lo que representa una caída del 34%. Sin embargo, los números siguen siendo superiores a los del primer cuatrimestre de 2022, cuando se contabilizaron 4,145 expulsiones.
La situación ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos. Human Rights Watch alertó que miles de cubanos han sido enviados a México, violando su derecho al debido proceso. El informe destaca que muchos de estos deportados se encuentran en un vacío legal, ya que el gobierno cubano no los acepta y México no les ofrece alternativas para una residencia permanente. La falta de apoyo institucional deja a estos migrantes en situaciones precarias, sin acceso a vivienda, alimentación o atención médica adecuada.
Alcira Silva Hava, de Human Rights Watch, enfatizó que la administración de Trump está usando a México como un “depósito” para deportados que no pueden regresar a sus países, incluida una cantidad de cubanos que han residido en EE. UU. durante décadas.
A pesar de las fluctuaciones en los datos de expulsiones, la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha negado que el país haya aceptado ser un “tercer país seguro” donde se pueden enviar migrantes que buscan asilo. A medida que la situación evoluciona, es crucial seguir de cerca el futuro de esta problemática, que no solo afecta a los migrantes, sino también a las comunidades receptoras en México y al tejido social de la región.
Este análisis destaca la complejidad de un fenómeno que, lejos de ser solo estadístico, está cargado de historias humanas, luchas y esperanzas en un contexto internacional volátil.
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