El gobierno de México ha dado un paso significativo hacia la inclusión y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. En una reciente conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el inicio del proceso de consulta nacional para la creación de la primera Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Esta iniciativa será presentada oficialmente al Congreso de la Unión el 12 de octubre, coincidiendo con el Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, destacó que se ha elaborado un proyecto de ley en colaboración con varias dependencias federales. Su objetivo es recoger opiniones y propuestas de más de 16,000 comunidades en México, que incluyen a los 69 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, según el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
El proceso de consulta se detalló en varias etapas. La primera iniciará con la publicación de una convocatoria en el Diario Oficial de la Federación. Entre el 1 de julio y el 6 de agosto, se llevará a cabo una etapa informativa, donde se distribuirán materiales explicativos en las comunidades para dar a conocer el contenido de la propuesta. Desde el 7 de agosto hasta el 13 de septiembre, se realizará una fase deliberativa, en la cual cada comunidad analizará la iniciativa conforme a sus sistemas normativos internos. Además, se llevarán a cabo 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo en diversas ciudades, como Acapulco y Monterrey.
Una vez finalizadas estas fases, del 21 de septiembre al 11 de octubre, se analizarán y se incorporarán las propuestas recabadas al proyecto definitivo, antes de ser presentado al Congreso por el Ejecutivo federal.
El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, subrayó que esta iniciativa se deriva de la reforma al artículo segundo constitucional, que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. La ley se estructurará en ocho libros, abordando diversas áreas de protección, incluyendo la libre determinación, los derechos de mujeres y niñas indígenas, y la protección para adultos mayores y personas con discapacidad.
Con una población estimada de 25.8 millones de personas indígenas y afromexicanas en el país, que representan el 20.5% de la población nacional, esta ley busca promover la autonomía y fortalecer la participación de estos pueblos en la vida pública nacional. La presidenta Sheinbaum enfatizó que la ley será modificada de acuerdo con los resultados de la consulta, reafirmando así el compromiso del gobierno con el diálogo y la cooperación.
La consulta no solo es un paso hacia la formalización de derechos, sino también un esfuerzo por cerrar la brecha histórica que ha separado a comunidades indígenas y afromexicanas de un reconocimiento pleno en la sociedad mexicana.
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