La lucha contra el crimen organizado y el tráfico ilícito de hidrocarburos en México ha tomado un giro significativo, tras las recientes sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El 30 de junio de 2026, este organismo sancionó a dos individuos y nueve empresas mexicanas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a operaciones de huachicol, también conocido como contrabando de combustible.
Las autoridades estadounidenses han revelado que esta red operaba mediante contrabando transfronterizo y la falsificación de documentación aduanera, empleando empresas fachada para evadir impuestos en México, lo que generó ingresos millonarios para la organización delictiva. Según informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, esta organización utilizaba empresas de diversos sectores, como transporte y logística, para facilitar operaciones que ocultaban y movilizaban recursos de origen ilícito.
La UIF, tras un exhaustivo análisis fiscal, financiero y corporativo, identificó anomalías significativas en los ingresos reportados de los sancionados en comparación con los recursos detectados en el sistema financiero. Asimismo, añadió a estos individuos a su Lista de Personas Bloqueadas, extendiendo las medidas a un total de 20 personas y entidades.
Desde el comienzo del segundo mandato del presidente Donald Trump en 2025, la estrategia del gobierno estadounidense se ha intensificado. Se han aplicado sanciones a más de 50 personas y más de 45 empresas dentro de diversos sectores productivos en México, en un esfuerzo por desmantelar las estructuras económicas que sustentan los cárteles. Estas acciones incluyen congelamiento de activos y la designación de cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras, permitiendo un alcance más amplio de las medidas del Tesoro y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Recientemente, en junio de 2026, se sancionaron a ocho personas y 12 empresas en Sinaloa, Sonora y Baja California, con presuntos vínculos con “Los Chapitos,” una facción del Cártel de Sinaloa. Esto sigue a acciones similares en abril de 2026, donde 23 individuos y entidades fueron designados por sus conexiones con dicho cártel.
Un caso notable fue la sanción aplicada a tres instituciones financieras mexicanas bajo las leyes contra el financiamiento del tráfico de fentanilo, reflejando un enfoque más amplio sobre las instituciones que facilitan estas actividades delictivas.
Las complejidades y desafíos en la lucha contra estos cárteles son evidentes, y a medida que las autoridades intensifican sus esfuerzos, la colaboración entre países se vuelve crucial. Las sanciones y las medidas tomadas buscan no solo desmantelar redes económicas ilícitas, sino también enviar un mensaje claro sobre el compromiso de los gobiernos en la lucha contra el crimen organizado.
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