Los recientes datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) arrojan luz sobre la situación de la justicia agraria en México, un tema que incide directamente en la gestión y desempeño de los Tribunales Agrarios. Un hecho notable es el incremento del presupuesto del Tribunal Superior Agrario (TSA) a pesar de que su capacidad para resolver asuntos ha disminuido, en marcado contraste con los Tribunales Unitarios Agrarios (TUA), que enfrentan recortes presupuestarios y un aumento en la carga de trabajo.
En 2025, los tribunales agrarios ejercieron un presupuesto de 724 millones de pesos, lo que representa un incremento del 1.7% en comparación con el año anterior. De esta cantidad, 270.7 millones fueron asignados al TSA, lo que se traduce en un aumento del 29.3%; mientras tanto, los TUA manejaron 453.3 millones, aunque experimentaron una disminución del 9.8%.
Los datos de 2025 revelan que el TSA recibió 1,051 asuntos y logró resolver 1,143. Esto representa un aumento del 2.8% en el número de casos ingresados en comparación con 2024. Sin embargo, es preocupante que la resolución de casos haya disminuido en un 5.8% en el mismo período. En contraposición, los TUA no solo recibieron un 4.9% más de asuntos, sino que también aumentaron sus resoluciones en un 4.5%. Específicamente, estos tribunales registraron 52,185 asuntos, admitieron 50,513 y concluyeron 51,189, dejando 28,692 en trámite.
El Inegi también detalla el tipo de asuntos resueltos por el TSA. De los 1,143 casos, 58.6% (670) fueron recursos de revisión, de los cuales el 70.9% se resolvió a favor, lo que sobrepasa la mitad de las decisiones. En cuanto a los TUA, se emitieron 55,026 resoluciones, destacando que el 44.2% de ellas correspondió a sentencias definitivas, mientras que el 28.8% son resoluciones de jurisdicción voluntaria. Las materias más tratadas incluyen sucesiones de derechos agrarios y juicios de nulidad, temas que son vitales para la estabilidad agraria del país.
Con estos datos, se evidencia una disonancia en la distribución de recursos y en la capacidad de resolución de los diferentes tribunales agrarios. Un desafío que no solo afecta a los ciudadanos involucrados, sino que pone de relieve la necesidad de una revisión más profunda de la organización y funcionamiento de la justicia agraria en México. En un país donde los derechos agrarios son esenciales para el desarrollo social y económico, la adecuada administración de justicia en este ámbito es más crucial que nunca.
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