La lucha por la verdad y la justicia ha cobrado un nuevo y trágico capítulo en México, donde la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero ha confirmado la muerte del periodista e influencer ambientalista Manuel Alejandro Mora Serna, conocido popularmente como Alex Serna. Este reportero, de apenas 39 años, había desaparecido el 20 de junio, poco después de haber publicado un video que denunciaba las graves afectaciones ambientales producidas por una empresa deshidratadora de mango en La Saladita, Zihuatanejo.
La inquietante sombra de la violencia sigue acechando a quienes buscan visibilizar irregularidades en el entorno. De acuerdo con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Guerrero (CEBP), Alex había sido objeto de constantes amenazas en redes sociales tras exponer presuntas corruptelas y daños ecológicos en la región de la Costa Grande. Estas alertas no solo resaltan los peligros que enfrentan los periodistas en su labor, sino que también subrayan la impunidad que persiste en el país.
El desolador hallazgo del cuerpo de Alex Serna se realizó el 23 de junio en un tambo azul abandonado, a un costado de la carretera federal Acapulco–Zihuatanejo, en el municipio de Petatlán, con evidencias que apuntan a tortura. Sin identificación en el momento de ser encontrado, sus restos fueron enviados al Semefo, donde permanecieron hasta que sus familiares pudieron reconocerlo el 3 de julio.
Este hecho se suma al asesinato de Roxana Guzmán, una periodista en Veracruz cuyo secuestro ocurrió el 2 de junio. Sus restos fueron localizados a finales de junio en condiciones que requirieron pruebas de ADN para confirmar su identidad, destacando así la creciente violencia y el riesgo que enfrentan quienes se dedican a informar.
La pérdida de Alex Serna y otros periodistas en un período tan corto refleja una alarmante tendencia en el país. Estos trágicos eventos ponen en la mira no solo la situación de la libertad de expresión en México, sino también la necesidad urgente de medidas efectivas para proteger a los comunicadores y salvaguardar su derecho a informar sin temor a represalias. La comunidad nacional e internacional debe tomar conciencia y actuar para asegurar que tales costosas pérdidas no se repitan.
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