La transformación democrática de una sociedad transita por veredas políticas que van más allá de las fórmulas que construyen la representación política o de las reglas de elección de los poderes públicos. Aunque la visión dominante en la clase política y en un sector de intelectuales es la de limitar la democracia a los mecanismos de elección y a las fórmulas de distribución de escaños en los parlamentos o congresos.
En diversos sentidos, la Constitución de la República, en su artículo tercero, establece como aspiración que la democracia sea “un sistema de vida”. En esa lógica, las instituciones deben realizar cambios que las democraticen.
Las universidades públicas debieran ser un engranaje esencial del proceso de cambio institucional democrático, pero lamentablemente no lo son. Todas tienen su origen en el antiguo régimen autoritario y, sin dejar de reconocer sus bondades sociales, traen en su ADN normativo rasgos de ese régimen.
La Universidad Autónoma Metropolitana no es una excepción. Su Ley Orgánica contiene una reglamentación para la elección de los órganos unipersonales que, en la práctica, centraliza los nombramientos.
Los rectores de Unidad tienen la atribución de proponer a los Consejos Académicos la terna para la elección de los directores de División y, a los Consejos Divisionales, la terna para nombrar a las jefaturas de Departamento.
Si bien es cierto que la ley obliga a la presentación de las ternas por los rectores de unidad y, en consecuencia, el margen de cambio es limitado, los procedimientos para integrar las ternas sí pueden regularse para que las candidaturas reflejen la pluralidad de la universidad y atemperar las intenciones de construir cacicazgos académicos.
Los tiempos demandan la elaboración de un reglamento de elecciones de los órganos unipersonales, que fije plazos para las campañas, requisitos para las candidaturas, periodos de consultas y mecanismos para su realización; de esa manera dejen de ser una ficción y limitar la discrecionalidad de los rectores en la conformación de las ternas.
Al respecto, basta como ejemplo la terna que la Rectora de la UAM presentó para el Departamento de Sociología de la UAM-Iztapalapa. Primero, la reseña inicial de las trayectorias académicas de los siete aspirantes es inconsistente, pues las descripciones no son homogéneas o no consideran elementos que pudieran ser favorables a los aspirantes que no son del grupo del actual jefe del Departamento y de la exrectora, y todo indica que también de la actual rectora.
En el caso de Manuel Larrosa, sólo como ejemplo, no mencionó el tiempo de pertenencia a la UAM ni la coordinación del Centro de Estudios de la Democracia y Elecciones; sobre Raúl Romero, a pesar de que la Rectora reconoce explícitamente su inusual trayectoria interdisciplinaria, pues es profesor de tres licenciaturas, terminó excluyéndolo arbitrariamente de la terna.
Los argumentos de la Rectora son:
“Tabla 3, que resume las opiniones a favor y en contra que cada aspirante recibió”. En general, los siete aspirantes recibieron comentarios favorables de la comunidad, reconociendo en primer lugar al Dr. Raúl Romero Ruiz, seguido, en orden decreciente, al Dr. Manuel Triano Enríquez y al Lic. Manuel Larrosa Haro, al Dr. Luis Eduardo Medina Torres y al Mtro. Francisco Javier Navarro Campos, por su compromiso institucional, su capacidad para formar equipos de trabajo y su labor en la docencia, así como por su colaboración efectiva con grupos dentro y fuera del Departamento y de la Universidad.
“En contraste, destaca que los aspirantes, Lic. Manuel Larrosa Haro, el Dr. Raúl Romero Ruiz y, en segundo lugar, el Dr. Luis Eduardo Medina Torres recibieron el mayor número de comentarios en oposición a su participación, lo que evidenció una marcada polarización de la comunidad en torno a sus candidaturas.”
Ambos párrafos son contradictorios: primero destaca las opiniones favorables de los profesores Raúl Romero y Manuel Larrosa y después los coloca en el mismo saco que el profesor Eduardo Medina. No es lo mismo tener opiniones desfavorables que ser objeto de una denuncia.
La Rectora debe integrar la terna con base en la auscultación y ponderación de las opiniones de la comunidad. De acuerdo con el análisis presentado como justificación de la terna propuesta por la Rectora para el Departamento de Sociología (en la tabla 1 de la página 11), se observa una exclusión injustificada de los dos aspirantes con mayor respaldo comunitario.
Raúl Romero Ruiz obtuvo 80 firmas de apoyo, lo que lo convierte en el aspirante más respaldado en términos absolutos y en el preferido por el alumnado (67 firmas, casi la mitad del total de opiniones estudiantiles), lo que evidencia que su respaldo fue mayor que el de otros participantes.
Manuel Larrosa Haro reunió 53 firmas y ocupó el segundo lugar en respaldo total. Su apoyo estudiantil (52 firmas) es superado únicamente por el del Dr. Romero Ruiz (67 firmas). Los candidatos de la terna obtuvieron cero firmas de apoyo del sector estudiantil.
Los datos son contundentes. La comunidad universitaria, en su mayoría, manifestó su preferencia por los aspirantes Raúl Romero Ruiz y Manuel Larrosa Haro, quienes fueron excluidos de la terna, lo cual contradice el principio de representatividad que debe guiar la designación de una jefatura departamental. A pesar de ello, la terna propuesta no incluye a ninguno de los dos aspirantes respaldados por el estudiantado, generando una ruptura entre éste y la Jefatura de Departamento.
El documento señala que Raúl Romero Ruiz y Manuel Larrosa Haro recibieron “el mayor número de comentarios en oposición”, lo que evidenció “una marcada polarización”. Sin embargo:
- No se presenta evidencia cuantitativa de cuántos comentarios en contra recibió cada aspirante ni de cómo se midió su peso relativo.
- El conflicto es inherente a la vida social. Las instituciones lo encauzan y no puede utilizarse como causal de exclusión cuando el respaldo mayoritario es indiscutible.
- Si la Rectora busca “reducir la crispación”, la vía no es excluir a los más votados, sino promover el diálogo y la integración.
A pesar de lo expuesto anteriormente, la Rectora argumenta que los aspirantes que incluyó en la terna son quienes recibieron más apoyo. Esta afirmación contradice la numeralia que presentó como parte de su decisión. A pesar de que su “balance” incluye las opiniones en contra, el documento no presenta el dato numérico de las oposiciones que obtuvieron los demás, por lo que la afirmación carece de sustento cuantitativo.
La Rectora ha vulnerado los principios de representatividad, transparencia y rendición de cuentas que deben regir un proceso de designación democrática. La exclusión de los aspirantes con mayor respaldo numérico, bajo el ambiguo argumento de “polarización”, sienta un precedente peligroso en el que la voluntad de la mayoría puede ser anulada por apreciaciones interesadas, supuestamente respaldadas cuantitativamente.
Los indicios llevan a deducir que se pretende proteger al actual jefe del Departamento de Sociología, nombrando a uno de sus fieles, quien seguramente estará cobijado por la actual rectora Edith Ponce Alquicira. Lamentablemente, conductas de esta naturaleza dejan ver un proceso de decadencia ética en la vida de nuestra universidad.
MENUDENCIAS
Un grupo de profesores solicitamos al Consejo Divisional de Ciencias Sociales de la UAM-Iztapalapa la destitución del jefe del Departamento de Sociología, Adrián Cordero Hernández, debido a diversas irregularidades. Desde el Consejo Divisional hasta el Rector General, Gustavo Pacheco López, se negaron a investigar la denuncia, acompañada de cien cuartillas de pruebas.
Ante la omisión de las autoridades, los profesores interpusieron un amparo que fue admitido el 26 de junio. En los próximos días, las autoridades universitarias serán requeridas para explicar las causas de su omisión. La autoridad judicial federal deslindará responsabilidades que pueden ser administrativas, penales o de otra índole.
Javier Santiago Castillo
Profesor UAM-I
@jsc_santiago
