El Senado de Filipinas se prepara para abrir este lunes un juicio político controvertido contra la vicepresidenta Sara Duterte, en un proceso que puede culminar en su destitución e inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos. Este juicio se extenderá durante 92 días y se enmarca en un contexto de intensa disputa política entre Duterte y el presidente Ferdinand Marcos Jr., mientras se implementa un amplio operativo de seguridad ante anuncios de manifestaciones a favor y en contra de la funcionaria.
Más de 6,000 efectivos policiales, incluidos equipos antidisturbios, han sido desplegados alrededor del edificio legislativo para garantizar un ambiente seguro durante el inicio de estos procedimientos. Según el cronograma, la vicepresidenta y sus abogados podrán presentarse en la apertura de las audiencias para defenderse de las acusaciones.
El Senado actuará como tribunal de juicio político, analizando las acusaciones que la Cámara de Representantes, controlada por aliados del presidente Marcos, aprobó el mes pasado. Para que Sara Duterte sea condenada se requieren al menos 16 votos favorables, es decir, dos tercios de los 24 miembros del Senado.
Los cargos en su contra son graves: presunto enriquecimiento ilícito, uso indebido de fondos estatales confidenciales y amenazas públicas dirigidas hacia el presidente, su esposa y un exlíder de la Cámara de Representantes. Entre las acusaciones se incluye una amenaza que Sara Duterte habría hecho sobre ordenar el asesinato del presidente Marcos, de la primera dama y de un expresidente de la Cámara, en caso de que ella fuera asesinada debido a disputas políticas.
Sara Duterte ha negado las acusaciones, aunque ha optado por no dar respuestas detalladas antes del inicio del juicio. En caso de ser declarada culpable, la vicepresidenta no solo perdería su cargo, sino que también quedaría inhabilitada de forma permanente para asumir funciones públicas. Esto sería un duro golpe para sus aspiraciones de competir por la presidencia en las elecciones de 2028, cuando finalice el mandato de seis años de Marcos.
Esta crisis política contrasta fuertemente con la alianza que ambos líderes forjaron durante las elecciones de 2022. Juntos, combinaron el respaldo de dos de las familias políticas más influyentes del país, pero la relación se ha deteriorado rápidamente desde que comenzó el actual gobierno. La situación se ha visto alimentada por el arresto del expresidente Rodrigo Duterte, padre de Sara, quien enfrenta cargos en la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad vinculados a su polémica campaña contra el narcotráfico.
Sara Duterte ha expresado su descontento respecto al arresto de su padre, acusando a Marcos de ser responsable de su entrega a la Corte. Este episodio ha exacerbado las tensiones entre ambos sectores y ha influido en su posicionamiento en el ámbito internacional. Con el gobierno de Marcos, Filipinas ha reforzado sus lazos militares con Estados Unidos, a la vez que ha adoptado una postura más firme contra las incursiones de China en el disputado mar de China Meridional.
El ambiente político también se complica para otros senadores cercanos a los Duterte. El senador Jinggoy Estrada, que apoya a la familia, fue arrestado el mes pasado por un cargo de saqueo en relación con un presunto esquema de sobornos. Otro senador, Rodante Marcoleta, enfrenta amenazas de arresto por cargos similares. Además, Ronald dela Rosa, igualmente vinculado a los Duterte, se encuentra oculto luego de que se emitiera una orden de arresto en su contra por su supuesta participación en las muertes durante la guerra contra el narcotráfico.
Este proceso, lleno de incertidumbre y confrontaciones, pone de relieve las complejas dinámicas de poder en Filipinas y la fragilidad de las alianzas políticas, al tiempo que se intensifican las tensiones tanto a nivel nacional como internacional. Con el inicio del juicio, la atención del país estará centrada en un desenlace que podría redefinir el futuro político de Sara Duterte y su familia en el escenario filipino.
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