En México, cualquier negocio cuyos ingresos crezcan anualmente un 3% es considerado exitoso. Sin embargo, resulta sorprendente que esta cifra se aplique no a un sector empresarial, sino a una actividad gubernamental. Este año, los ingresos del gobierno en términos reales han visto un aumento del 3%, cifra que ya descuenta la inflación, en medio de una economía que lucha por crecer apenas un 1% anualmente. Estos ingresos provienen de los impuestos sobre las importaciones, afectando a todos aquellos que ingresan productos legalmente al país.
Entre enero y mayo de 2026, la recaudación de la Secretaría de Hacienda por concepto de impuestos a la importación ha superado los 74 mil millones de pesos. Además, se prevé que una nueva regulación agrave aún más la presión sobre los importadores, lo que sugiere un aumento adicional en la recaudación. Es importante que los consumidores tomen nota: cualquier incremento en estos costos terminará repercutiendo en el precio final de los productos.
A partir del 1 de agosto de 2026, el gobierno implementará la Manifestación de Valor Electrónica (MVE), un documento que se volverá obligatorio para todas las operaciones de importación formal. Este mecanismo permitirá que los importadores declaren, bajo su firma digital, el valor de las mercancías que introducen al país, incluyendo todos los costos asociados, como fletes y regalías. A diferencia del sistema anterior, donde el agente aduanal asumía la responsabilidad de la declaración, la MVE establece que los importadores deberán corroborar toda la información y firmar electrónicamente. Sin esta firma, el agente no podrá presentar el pedimento necesario para que la mercancía ingrese al país.
El cambio de esta normativa refleja una creciente desconfianza gubernamental hacia los importadores, a quienes se considera propensos a declarar precios bajos para pagar menos impuestos. Con la introducción de dos declaraciones independientes—la del agente y la del importador—, la Autoridad Aduanera contará con mayores herramientas para identificar inconsistencias.
Sin embargo, esta corresponsabilidad conlleva costos reales que afectarán a los consumidores. Es posible que muchos importadores necesiten ajustar los precios que declaran, lo cual podría resultar en un aumento de los impuestos que deben pagar. Aunque la estipulación es correcta desde el punto de vista legal, en la práctica, los efectos son claros: los precios de las mercancías tendrán que incrementarse, afectando directamente a los consumidores finales.
La implementación de la MVE también traerá consigo nuevas obligaciones para las empresas importadoras, ya que deberán completar un mayor número de documentos. Esto incluye cargar facturas, contratos y comprobantes en un formato específico. Si el proceso no se completa dentro de 48 horas, el trámite caduca. Además, cualquier error en la transmisión de datos podría resultar en severas multas.
A pesar de estas complicaciones, también surgen oportunidades para quienes puedan ayudar a simplificar estos trámites. Por ejemplo, la startup Camtom se ha posicionado en el mercado ofreciendo simplificar el proceso de la MVE, prometiendo una reducción del 90% en la carga administrativa al capturar datos de forma automatizada para que los importadores solo necesiten confirmar la información con su firma electrónica.
Es fundamental que el sistema fiscal funcione de manera justa, asegurando que cada quien pague lo que corresponde. Sin embargo, resulta irónico que estas nuevas regulaciones recaigan sobre los actores del comercio exterior, un sector que ha demostrado ser uno de los pocos motores económicos que operan adecuadamente en México.
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