Cofepris confirma falta de regulación cannabis.

La reciente comunicación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha suscitado interés y aclaraciones sobre la situación legal del cannabis en México. En un comunicado de prensa, la Cofepris dejó claro que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitidas el 25 de junio, no confieren derechos para la comercialización, suministro o distribución de cannabis ni la legalización del consumo de estupefacientes o psicotrópicos.

La SCJN se limitó a establecer que la autorización para actividades relacionadas con el autoconsumo recreativo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) se ajusta a lo dictado en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018. Es vital entender que dicha declaratoria se refiere exclusivamente al autoconsumo lúdico, bajo las regulaciones que prometió implementar la Cofepris, en concordancia con las normativas vigentes.

A pesar de esta claridad, la Cofepris reafirmó su compromiso de respetar y acatar las resoluciones de la Corte, subrayando que las prácticas de consumo de cannabis continúan reguladas por la legislación actual. Resalta que la Corte, en relación a la sentencia del recurso de inconformidad derivado del Amparo 6/2025, no analizó a fondo el marco jurídico del cannabis, sino que se enfocó en la legalidad del proceso para la expedición de permisos específicos para el autoconsumo.

Este contexto pone de manifiesto los límites y posibilidades en torno a la regulación del cannabis en México y señala que, aunque hay avances hacia la despenalización, los marcos legales aún son restrictivos. La Cofepris parece respaldar un enfoque que pondera los derechos humanos dentro de este tema, aunque sin abrir la puerta a una mayor comercialización.

En conclusión, la situación actual respecto al cannabis en México revela un delicado balance entre la aplicación de la ley y los derechos individuales. La Cofepris sigue tomando nota y ajustando su actuar conforme a lo que dictamine la SCJN, en un país que se encuentra en un constante proceso de revisión y adaptación de sus políticas en materia de salud y seguridad. La claridad sobre estas regulaciones es esencial para evitar confusiones y para sentar las bases de un debate que, sin duda, continuará en los próximos años.

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