La tensión entre México y Estados Unidos ha vuelto a encenderse en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, particularmente en torno a la figura de Ismael “el Mayo” Zambada, un influyente líder del cártel de Sinaloa. La administración de Claudia Sheinbaum ha respondido a las críticas estadounidenses sobre la seguridad en su país y los supuestos vínculos entre el Gobierno mexicano y el crimen organizado. Según Sheinbaum, las acusaciones han servido como una herramienta de injerencia por parte de Estados Unidos.
El exembajador estadounidense, Ken Salazar, abordó esta situación en un mensaje viral, negando que el Gobierno de su país haya participado en la captura y traslado de Zambada a Estados Unidos. En un claro intento por subrayar la transparencia, afirmó que el fiscal general Merrick Garland y él mismo habían mantenido comunicación con las autoridades mexicanas antes de las detenciones de Zambada y Joaquín Guzmán. “No era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación”, afirmó Salazar, enfatizando que “la verdad es la verdad”.
Ante esta declaración, la presidenta mexicana desafió la narrativa de Salazar, aduciendo que su afirmación es incorrecta. Sheinbaum argumentó que el FBI sí habría estado involucrado en el traslado de Zambada, señalando contradicciones en la versión estadounidense. “Lo que no explica es cómo es que el propio FBI presenta el avión en una feria como si hubiera sido un operativo del FBI. Esa es la contradicción”, subrayó la mandataria, sosteniendo que cualquier injerencia implicaría una violación de la soberanía nacional.
El tema resulta crítico, ya que, de acuerdo a Sheinbaum, la detención de Zambada podría estar acompañada de una falta de respeto por las leyes mexicanas. Sin embargo, la presidenta también reconoció la existencia de un tratado de extradición entre ambos países, que se considera para determinar el proceder en estos casos.
El 8 de julio, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) había abierto una línea de investigación sobre la supuesta implicación del FBI en el traslado de Zambada. Este desenvolvimiento incluye una nueva solicitud formal de asistencia jurídica al Departamento de Justicia estadounidense para esclarecer los detalles del operativo.
La controversia destaca las dificultades persistentes en la colaboración bilateral para combatir el narcotráfico, la cual necesita equilibrar la cooperación con el respeto a la soberanía nacional. En medio de este entorno, la presidenta apuntó hacia el problema más amplio del tráfico de drogas y armas, enfatizando la necesidad de un plan conjunto que aborde las raíces del crimen organizado tanto en México como en Estados Unidos.
Los próximos días podrían ser cruciales en este entramado, dado que las indagatorias harán frente a un panorama complicado que requiere claridad y transparencia para proteger las relaciones entre ambos países.
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