María Felicia Jiménez Lavie, académica y doctora en Ingeniería de origen cubano, ha hecho eco su denuncia de violencia doméstica y vicaria a través de sus redes sociales. Expresando su temor a las repercusiones que su situación podría acarrear, Jiménez Lavie reveló que su esposo, Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), ejerce sobre ella un control opresivo que la hace sentir desprotegida. El 26 de junio, compartió su angustia por la posibilidad de perder su trabajo, su hogar, e incluso a sus hijos, en medio de la percepción de que su situación podría ser minimizada por las influencias políticas de Rodríguez Padilla.
En su declaración, Jiménez subrayó que, al ser el actual gobierno federal “liderado por mujeres”, optó por buscar ayuda y medidas de protección para ella y sus hijos menores. Esta decisión se produce en un contexto donde la violencia de género ha cobrado notoriedad en la agenda pública, generando un clamor por justicia y protección.
La respuesta no se hizo esperar. Dos días después, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó el tema, señalando la actuación de la Secretaría de las Mujeres en contacto con la víctima. Fue rotunda al afirmar que “que se aplique la ley, todo el peso de la ley”, enfatizando que no habrá protección para quienes cometan actos de tal gravedad. Además, dejó claro que la Fiscalía de Morelos tiene la responsabilidad de seguir el caso, reafirmando que se aplicará el mismo marco legal para cualquier persona, independientemente de su estatus.
A raíz de la atención mediática, se detalla que Víctor Rodríguez Padilla fue arrestado el martes en la Ciudad de México, después de que surgiera un video donde se mostraba la agresión hacia su esposa. Según el registro nacional de detenciones, Rodríguez, quien dejó la dirección de Pemex a mediados de mayo, fue aprehendido en una zona central de la capital.
La Fiscalía General del Estado de Morelos ha abierto una carpeta de investigación, imputando a Rodríguez por violencia familiar y violencia vicaria, acompañadas de una medida de prisión preventiva. La jueza Consuelo Adriana Correa Ortiz determinó que el exfuncionario continúe recluido en el penal de Atlacholoaya.
En términos legales, la violencia familiar en Morelos puede conllevar penas de 3 a 7 años de cárcel, además de sanciones económicas y la posible pérdida de derechos frente a la víctima. La violencia vicaria, por su parte, se define como cualquier acción u omisión que busque causar daño a una mujer mediante el uso de sus hijos e hijas.
Este caso pone de relieve no solo el impacto de la violencia intrafamiliar, sino también la importancia de la respuesta institucional ante tales situaciones. La seriedad y rapidez con la que se han tomado las medidas en este caso reflejan un cambio en la narrativa hacia la protección de las víctimas, en un contexto donde cada vez más personas se atreven a hablar y denunciar. La lucha por un entorno seguro y libre de violencia continúa, marcando un paso significativo hacia la justicia y la equidad.
Actualización: Los datos corresponden a 2026-07-12 07:55:00.
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