Uno de los debates más candentes en la política económica actual es la forma en que se deben utilizar los instrumentos fiscales. Cada herramienta debe emplearse para su propósito principal, y es esencial que no se desvirtúe su uso. Tomemos, por ejemplo, los impuestos. Su función primordial es recaudar recursos para el gobierno, y tratar de utilizarlos para objetivos como la redistribución de la riqueza puede socavar su capacidad de recaudación.
Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió y desestimó una propuesta para gravar con el Impuesto sobre la Renta (ISR) los recursos de las Afores que se entregan a los beneficiarios de un trabajador fallecido. La ministra Lenia Batres argumentó que es injusto no gravar herencias, alegando que quienes las reciben obtienen ingresos sin haber trabajado por ellos, perpetuando así la desigualdad.
Sin embargo, esta propuesta ha sido recibida con preocupación. Si tomamos el caso de un trabajador que ha pagado impuestos sobre su salario y sobre los intereses de sus ahorros, su esfuerzo y ahorro se verían perjudicados si, al fallecer, su familia tiene que hacer frente a un nuevo impuesto por heredar una vivienda, un negocio o ahorros acumulados.
Imaginemos a un individuo que, tras años de trabajo y ahorro, logra adquirir una casa. Si fallece justo después de liquidar su hipoteca, su familia debería afrontar no solo el derecho por la adjudicación del inmueble, sino también un impuesto adicional sobre su valor. Esto no solo es una carga injusta, sino que también representaría una doble tributación sobre los ingresos que ya fueron gravados en su momento.
Analogías similares pueden aplicarse a un empresario que, al fallecer, deja a sus hijos una empresa por la que ha cumplido con todas sus responsabilidades fiscales. ¿Es equitativo que sus herederos tengan que pagar impuestos solo por recibir lo que él construyó con dedicación y esfuerzo?
En un tercer ejemplo, pensemos en un individuo que ha ahorrado para su jubilación. Al morir, su viuda o esposo podría enfrentarse a una reducción significativa en su nivel de vida si se gravan sus ahorros acumulados. Esto no solo resulta injusto, sino que también desincentiva la acumulación de capital necesario para el crecimiento económico.
Además, un impuesto a las herencias podría fomentar la fuga de capitales hacia países que no gravan ese tipo de riqueza, lo que a su vez, afectaría negativamente el crecimiento económico del país.
México enfrenta serios desafíos en la lucha contra la desigualdad. El problema no radica únicamente en la recaudación de impuestos, sino en crear un marco institucional que incentive el crecimiento económico sostenido y garantice igualdad de oportunidades, comenzando por la educación.
El país necesita estructuras sólidas que promuevan el bienestar de las familias a través de un crecimiento económico duradero. Si realmente buscamos disminuir la inequidad, el enfoque debe centrarse en la efectividad de los programas sociales en áreas como la educación y la salud. Una educación de calidad es la clave para lograr una mayor movilidad social y equidad.
Es imperativo avanzar hacia un país donde la prosperidad se comparta equitativamente. La implementación de un impuesto a las herencias podría llevarnos precisamente en dirección opuesta, creando un entorno donde la igualdad se confunda con la miseria.
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