Las autoridades de Marruecos han intensificado la represión contra periodistas y activistas, una tendencia que ha generado alarmas tanto dentro como fuera del país. El caso más reciente involucra a Ali Lmrabet, un periodista marroquí exiliado en Barcelona, quien fue detenido el pasado 9 de julio al aterrizar en Tánger. Su arresto se produce en un contexto de creciente control sobre la libertad de expresión, donde las autoridades protegen a figuras del orden que celebraron la muerte de manifestantes, sin que se abran investigaciones al respecto.
Lmrabet enfrenta cargos por “difusión de informaciones falsas y contra las instituciones del Estado”, vinculados a un vídeo en su canal de YouTube donde cuestionaba a Nabil Benabdallah, secretario del Partido del Progreso y del Socialismo. Este hecho pone de relieve la inquietante situación de la libertad de prensa en Marruecos, que mantiene una clasificación de “parcialmente libre” en el índice de Libertad de Freedom House, ocupando el puesto 37 de 100.
La represión ha sido especialmente severa desde 2017, cuando el país fue catalogado como “altamente restrictivo” en cuanto a la libertad de expresión, según un informe de Expresión Global de la UNESCO. Este ambiente hostil ha encontrado su punto culminante en las protestas de la Generación Z, que, en septiembre de 2025, demandaron mejoras en salud y educación, además de la lucha contra la corrupción. Las manifestaciones, que se extendieron por todo el país, se volvieron violentas en ocasiones, resultando en más de 2,100 detenciones y la muerte de tres personas tras el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.
Lmrabet, quien ya había sido objeto de persecución en el pasado —incluida una prohibición de ejercer el periodismo durante 10 años impuesta en 2005—, había mantenido una vida tranquila en Barcelona antes de su detención, donde residen su esposa Laura Feliú y sus dos hijos. Actualmente, se encuentra a la espera de un abogado, un proceso que se ha retrasado por una huelga de abogados en Marruecos.
La condena de otras personalidades, como el exministro de Derechos Humanos Mohammed Ziane, que recibió una pena de cinco años por corrupción, y el activista Fouad Abdelmoumni, condenado a seis meses por difundir noticias falsas, indica una estrategia sistemática de silenciar a quienes disienten. Esta creciente ola de represión sugiere que la situación de los derechos humanos y la libertad de expresión en Marruecos seguirá siendo precaria.
A medida que avanzamos hacia un futuro incierto, el último arresto de Lmrabet refleja la urgencia de visibilizar la lucha de aquellos que se atreven a levantar la voz contra un régimen que parece empeñado en sofocar la disidencia a cualquier costo.
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